La reforma del Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana es una excelente radiografía del peso político que los asuntos valencianos tienen en Madrid.
Siete años después de que las Corts acordaran el remiendo de la Carta Magna valenciana para incluir una disposición que garantice inversiones en la Comunitat Valenciana según el peso poblacional, la tramitación de esa modificación languidece en el Congreso.
Técnicamente, la propuesta de reforma se encuentra en el trámite de presentación de enmiendas, pero ya acumula 20 modificaciones al plazo inicial. Fuentes conocedoras de la actividad parlamentaria en Madrid apuntan que esos 20 aplazamientos evidencian que la prioridad que le dan los grupos a la reforma valenciana es nula.
Tanto retraso no es habitual en iniciativas de este tipo, por lo que entienden que es el propio Congreso el que la frena.
La reforma valenciana fue una de las primeras iniciativas que adoptó el Congreso constituido tras las elecciones del 26 de junio de 2016. Además, contó con el apoyo de todos partidos, salvo Ciudadanos, que se abstuvo, por lo que resulta llamativo que numerosas iniciativas parlamentarias presentadas posteriormente hayan pasado ya por delante. La reforma del Estatuto de Canarias, que también tramita el Congreso, va más rápido, explican.
Pero la clave para entender ese retraso es estrictamente política, como ha ocurrido en los seis años anteriores cuando el PP ya la frenó en en numerosas ocasiones.
Un gasto de un millón de euros
Culminar la reforma del Estatut requiere la convocatoria de un referéndum en la Comunitat Valenciana, una consulta muy costosa, que supondría un gasto que superaría el millón de euros para las arcas valencianas y que el Gobierno no asumiría de buen grado en una época en la que las instituciones valencianas reivindican constantemente los insuficientes recursos que reciben del Estado.
Una consulta que, además, se convocaría para un cambio mínimo en el Estatuto como sería una disposición adicional, y que tampoco tendría grandes efectos porque el Gobierno ni siquiera está obligado a cumplirla, aunque el Ejecutivo de Zapatero sí lo hizo en el caso de Cataluña, que aprobó una cláusula de este tipo, igual que Andalucía.
Políticamente, al Gobierno tampoco le interesa que una comunidad autónoma, en este caso la valenciana, pueda convocar una consulta a sus ciudadanos y sacar las urnas a la calle en pleno proceso independentista en Cataluña y en un momento en que el Gobierno busca la fórmula para impedir el referéndum indepentista en Cataluña que, en principio, el ejecutivo catalán quiere celebrar el próximo mes de septiembre. La imagen de dos autonomías vecinas, una celebrando un referéndum legal (la valenciana) y otra con la celebración de otra consulta, en este caso ilegal, (Cataluña), es un escenario que en Madrid prefieren que no se produzca.
Por todas esas circunstancias, la reforma del Estatut d´Autonomia valenciano no concluirá hasta 2019 cuando pueda convocarse el referéndum junto a las elecciones autonómicas y municipales previstas para el último domingo de mayo de ese año.
