La presidenta del PPCV y exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, sostuvo ayer que se limitó a seguir el procedimiento legal establecido en el expediente de rescisión del proyecto para construir la autovía CV95 en la costa de la Vega Baja adjudicado a la UTE de empresas formada por Construcciones y Estudios, Luis Batalla, Rover Alcisa, y Torrescámara. Como ha contado este diario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Generalitat a pagar 9,5 millones de euros en concepto de indemnización por la rescisión en julio de 2012 de citado contrato.
La Conselleria de Infraestructuras, entonces dirigida por la popular Isabel Bonig, anuló el proyecto, tras no alcanzar un acuerdo con las empresas sobre la indemnización. La obra, con un coste de 466,7 millones de euros, había sido adjudicada en 2007 durante la etapa de Mario Flores, aunque nunca llegó a iniciarse ante la falta de recursos por parte del departamento de Infraestructuras y la propia imposibilidad de las empresas de encontrar financiación propia.
La conselleria, previo informe de la Abogacía de la Generalitat y del departamento de contratación, según relató ayer Bonig, tomó la decisión de rescindir el vínculo contractual con las firmas concesionarias. Así, el Consell lanzó una primera oferta de algo menos de dos millones de euros para compensar a las empresas. La cantidad, según explicó Bonig, fue la propuesta por los técnicos de la conselleria. Sin embargo, las empresas solicitaban una cantidad superior. Ante la falta de acuerdo, las adjudicatarias pidieron una indemnización por la vía administrativa pero el Consell miró hacia otro lado, y en 2014 el asunto acabó en los juzgados.
Ahora la sentencia cifra la condena en 9,5 millones e hipoteca un poco más al actual equipo de la conselleria, dirigido por María José Salvador, en sus proyectos de infraestructuras. El Consell ha anunciado que recurrirá al Supremo.
Bonig subrayó ayer que en este expediente se siguió «el procedimiento legal establecido» y que la decisión de rescindir el contrato contaba con el respaldo de los técnicos. La exconselleria añadió que rechazó la cantidad que le pedían los adjudicatarios al considerarla excesiva.
En este sentido, recordó que existe una segunda carretera, la CV-50, adjudicada también en la etapas de bonanza económica que se encuentra en idéntica situación que la CV-95. Bonig se preguntó que va a hacer su sucesora: «¿Va a retomar la obra o la paralizará como hice yo por sugerencia del personal», se preguntó.
