Solo una vez un lehendekari ha visitado el Palau de la Generalitat (José Antonio Ardanza en 1996) y nunca un jefe del Consell había pisado Ajuria Enea. Romper esa lejanía institucional era uno de los objetivos del encuentro ayer en Vitoria de Ximo Puig con Íñigo Urkullu. Hasta ahora los acercamientos habían sido con vecinos (Cataluña, Murcia). La visita de ayer supone un paso más en la estrategia de Presidencia de la Generalitat de conectarse con otras autonomías al margen del Gobierno central.
El fondo de estas aproximaciones diplomáticas es casi siempre la economía y Euskadi, con la que la Comunitat Valenciana tiene un déficit comercial de 171 millones de euros, no ha sido una excepción.
El encuentro al más alto nivel se produce además en un momento de cierta tensión al haber pactado el Ejecutivo de Mariano Rajoy una mejora del cupo vasco a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos estatales de 2017.
Puig ha sido un crítico histórico con el cupo, si bien ayer, pese a las cautelas previas del Gobierno vasco, eliminó aristas de su discurso, no habló de revisión del cupo, dijo que «no es un privilegio» y puso el foco en el Gobierno como responsable de no corregir la «situación profundamente injusta» de la financiación de las comunidades de régimen común.
Llamó a evitar un enfrentamiento entre comunidades autónomas y exigió a Rajoy un nuevo sistema de financiación para «garantizar la singularidad entre territorios y la igualdad entre ciudadanos».
La C. Valenciana, agregó, no solo sufre de infrafinanciación, sino de infrainversión. Las conexiones entre los dos territorios fue otro eje del encuentro, así como del que Puig, acompañado por el presidente del puerto de València, Aurelio Martínez, mantuvo previamente con los responsables del puerto de Bilbao.
Urkullu y Puig solicitaron «un análisis sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo» para transportar principalmente mercancía. El argumento es que el País Vasco está conectado por ferry con el Reino Unido mientras no hay tren en condiciones con la C. Valenciana. Para el jefe del Consell, los 13.500 millones que costaría este conexión son «totalmente asumibles en relación con otros corredores».
Además de una invitación a un acercamiento cultural, ambos mandatarios acordaron coordinarse para reclamar al Estado la titularidad de los puertos. «No tiene ningún sentido que estén centralizados» y que «un ente en Madrid» limite «la capacidad de crecimiento y competir».
