El 31 de diciembre de 2019 la autopista de peaje AP-7 volverá a manos del Estado aunque se mantiene la incógnita sobre si finalmente será totalmente gratuita y si el eje vertebrador por excelencia de la Comunitat Valenciana será el corredor viario, rápido y eficaz y de libre acceso que desde los años setenta reivindican miles de valencianos.

Faltan ya menos de 1.000 días para que se produzca la reversión y el Ministerio de Fomento mantiene una actitud «pasiva», lamentó la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, María José Salvador, que ayer convocó en València a los alcaldes de los municipios valencianos que sufren a diario y desde hace décadas la carencia de una vía de alta capacidad gratuita y el paso por sus cascos urbanos de miles de vehículos.

La «falta de planificación del Ministerio de Fomento a dos años de que venza la concesión», subraya la consellera, está paralizando la toma de decisiones en obras que afectan no solo a los necesarios nuevos enlaces de la futura A-7, sino también a las demandadas variantes en la N-332 y la N-340.

La inacción del Gobierno ha llevado a la Generalitat a adoptar la iniciativa de redactar un documento «con los ramales de conexión necesarios». «Ahora mismo existen una serie de proyectos, en muchos casos olvidados, para la construcción de variantes y circunvalaciones que podrían no ser necesarias con la liberación y gratuidad de la AP-7», aseguró la consellera.

En presencia de los alcaldes y representantes municipales de Algemesí, Almussafes, Altea, Alzira, Benicarló, Castelló, Cullera, Dénia, el Campello, Gandia, Gata de Gorgos, Oliva, Ondara, Sagunt, Tavernes de la Valldigna, Torreblanca, la Vall d'Uixó, Vila-real, Vinaròs y Xàbia, María José Salvador anunció una «hoja de ruta» en común que comienza con la elaboración de ese documento, que será consensuado con los municipios.

Salvador, acompañada por el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, estableció un paralelismo entre el corredor mediterráneo ferroviario y la AP-7 y anunció una próxima cumbre con agentes sociales, sindicales y académicos para reclamar conjuntamente la infraestructura.

La consellera recordó que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entregó al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, una «agenda valenciana de infraestructuras» y acordó con él la creación de grupos de trabajo específicos, incluido uno encargado de abordar la liberalización de la AP-7 y la ejecución de nuevos accesos.

Por último, la consellera recordó que la reivindicación valenciana se dirige al rescate de una autopista «libre y gratuita» y rechazó seguir pagando por su uso en 2020 mediante «peajes en la sombra» o la «viñeta» que estudia el ministerio.