El fiasco de las grandes infraestructuras de la etapa de Francisco Camps sigue pasando factura una década después. No sólo la Generalitat tendrá que pagar una indemnización de 9,5 millones por la anulación del contrato para construir la autovía de la Vega Baja, sino que tendrá que abonar 2,6 millones por otro de los proyectos estrella de la época de las vacas gordas. Es la autovía «fantasma» de la CV-50, en el tramo que debía unir la A-3 (Chiva) con la A-7 (l´Alcúdia). El plan, mil veces presentado por todos los consellers del ramo, era construir la tercera circunvalación del área metropolina de València.
Todo quedó en los planos, pese a que el Consell lo intentó con una adjudicación, en la etapa de Mario Flores, que obligaba a las adjudicatarias a pagar la carretera y luego el Consell les resarcía en función del tráfico (peaje en sombra). En 2007, Infraestructuras adjudicó la construcción de la CV-50, tramo variante norte de Benaguasil y autovía A3, a la UTE formada por las empresas Dragados, Iridium, Sedesa Concesiones y Sedesa Obras y Servicios por un valor de 435 millones. La crisis la hizo inviable.
Diez años después el proyecto llegó, vía herencia envenenada, a la actual Conselleria de Vivienda. El departamento que dirige María José Salvador inició el procedimiento de resolución del contrato y ha alcanzado un acuerdo que supondrá un sablazo a las arcas públicas de 2,6 millones, pero evitará que las empresas acudan a los tribunales. Las empresas cobran, pero renuncian a la indemnización en concepto de lucro cesante. La resolución será sometida a aprobación del Consell. Salvador acudirá a las Corts para explicar los expedientes.
La conselleria contrasta la gestión hecha por el nuevo Consell con la realizada la pasada legislatura por la exconsellera y actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig.
Tal como contó este diario, la Generalitat ha sido condenada a pagar 9,5 millones a las concesionarias de la Autovía CV-95, una obra valorada en 466 millones de euros. Desde el departamento que dirige Salvador se subraya que Bonig resolvió ese contrato de forma unilateral, una decisión que acabó en los tribunales y con la obligación de pagar «una elevadísima indemnización económica», casi el cuádrupe que se pagará por la anulación de la CV50.
Además, acusa a Bonig de mentir porque en 2012 anunció en las Corts que iba a iniciar los trámites para resolver la concesión del proyecto, pero no adoptó ninguna decisión para iniciar dicho procedimiento. Añaden que, desde que en mayo de 2009 se convocó a la UTE para el acto de comprobación del replanteo de los terrenos, el proyecto estaba paralizado.
Bonig, sin embargo, defiende su actuación como consellera y mantiene que no llegó a un acuerdo respecto a la autovía de la Vega Baja porque el precio que le pedían los empresarios era excesivo, según los técnicos de la conselleria. Mantiene que no tomó decisiones personales y siguió el criterio del personal funcionario.
