Los vaivenes del PP valenciano en torno a cómo enfrentarse al recorte inversor del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2017 ha tenido también como escenario la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), si bien allí se vivió con mucha más discreción que en la diputación de Valencia, donde los populares han abierto un nuevo frente con Génova al votar una moción de la izquierda contra las cuentas de Rajoy.
Y es que el PP, que tiene representación en la FVMP, avaló, aunque sin dejar rastro por escrito, la decisión de sumarse a la declaración institucional de las Corts para denunciar el maltrato inversor. Esta propuesta contó también con el visto bueno de Isabel Bonig, una decisión que le valió un correctivo por parte de Génova.
De hecho, la dirección regional tuvo que matizar su posición: anunció que no acudiría al acto convocado por el presidente de las Corts, Enric Morera, el 25 d'abril y a los pocos días se hizo la foto con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con un discurso constructivo sobre las cuentas.
Cuando el conflicto parecía ya encaminado, desde la Presidencia de la Federació Valenciana de Municipios, en manos del alcalde de Elda, Rubén Alfaro, se movió un escrito dirigido a los ayuntamientos para sumarse a la declaración institucional.
Fuentes de la FVMP indicaron que la iniciativa se consultó con todos los grupos políticos, incluido el PP, si bien no se sometió al acuerdo de la junta de portavoces. Según las citadas fuentes, los populares avalaron la propuesta verbalmente y, el 25 de abril, Rubén Alfaro leyó la declaración en representación de todos los partidos de la FVMP. No hubo ninguna queja por parte del PP (su portavoz es Estela Daroca, alcaldesa de Navarrés), insisten las citadas fuentes.
No pasó por la junta
Sin embargo, fuentes del PP de la Federación afirman que no hubo protesta porque, entre otros motivos, no hubo ocasión de fijar posición ya que no se celebró la junta de portavoces para debatir una iniciativa sobre la que el presidente tiene competencias. Es decir, indican, que Alfaro no necesitaba el aval de los partidos para la declaración. Prueba de ello, subrayan, es que la carta remitida a los ayuntamientos sólo lleva la firma del presidente y del vicepresidente.
