La Conselleria de Sanidad ha cifrado en 53,78 millones de euros el coste anual de concertar con una entidad externa los servicios oncológicos, una cifra similar a lo que le venía costando a la administración valenciana el convenio que hasta diciembre de 2016 marcaba la relación con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Así lo desveló ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras la reunión del pleno del Consell que fue informado sobre las condiciones del nuevo contrato para concertar los servicios oncológicos y que prevé una duración de tres años.
Es el paso administrativo esperado para «resolver» la atípica situación en la que está trabajando desde enero de este año el IVO, una fundación privada sin ánimo de lucro que desde su fundación ha trabajado codo con codo con la sanidad pública valenciana siempre bajo la cobertura de sucesivos conciertos negociados que convertían a la institución en una extensión de la red valenciana.
Según fuentes de Sanidad, el último convenio suscrito con el IVO en 2011 tenía un presupuesto de 42 millones anuales pero, tras las actualizaciones, en la segunda prórroga permitida de 2016, esta cifra ascendió hasta los 44,5 millones de euros. El importe que salía de las arcas públicas, sin embargo, nunca era tal ya que año tras año las facturas se acumulaban hasta tener que suplementar ese presupuesto inicial hasta en más de 10 millones. Con la cifra de 53,78 millones se actualiza este presupuesto y, de alguna manera, se despejan incógnitas sobre las intenciones de la conselleria de asumir el máximo número de pacientes o de mantener un trasvase amplio de tratamientos oncológicos a entidades externas como el IVO.
Esta ha sido la principal preocupación de la fundación privada (menos pacientes, menos presencia y menos cuota) tras constatar otra de las novedades que recogen los pliegos y que ya había sido adelantada por la consellera del área Carmen Montón: los pacientes no podrán seguir eligiendo el servicio externo de oncología para tratarse si así no lo decide el médico.
El Consell ya eliminó de la ley valenciana en 2015 esta posibilidad de la libre elección que hasta ahora venía imperando y que permitía a los pacientes optar directamente por el IVO, sin embargo, las prórrogas de los convenios en vigor no recogieron esta actualización. Será ahora cuando el nuevo concierto de servicios oncológicos -que se adapta a una directiva europea sobre acción concertada- lo recoja. Los responsables del IVO han visto en esta nueva forma de trabajar una amenaza y, de hecho, durante estos meses han alertado de que empezaban a recibir menos pacientes ya que ahora, sin concierto que los cubra, tampoco está en vigor la libre elección. De esta forma, tal como está sucediendo ahora, serán los especialistas de la red pública los que decidan si hay derivación o no por criterios médicos a quien preste el servicio externo. El pliego recoge también que todo aquel que esté siendo atendido en entidades concertadas podrá seguir recibiendo esta atención sin trámites y que los pacientes «volverán» al sistema púbico cuando se cumplan 5 años «libres de enfermedad».
Con estas prerrogativas, la administración busca ampliar el control sobre el trasvase de pacientes y evitar la «fidelización»: personas que seguían siendo tratados más allá del cáncer por el que habían ingresado, en este caso en el IVO, pese a que los mismo servicios los podían recibir en la red pública.
El doble de pacientes que el General
El IVO, en unos meses de enfrentamiento abierto con la administración ha llegado a dejar en el aire su participación en el nuevo proceso de concertación lo que ha hecho saltar las alarmas de una parte de los profesionales que no ven a la sanidad pública capaz de asumir a todos los pacientes oncológicos. Solo en 2015 y todavía con concierto, el IVO atendió a 4.994 pacientes nuevos. El Hospital General de València, uno de los más grandes y potentes en oncología recibe al año 2.300 pacientes nuevos.
La intención de la conselleria era «poner orden» y hacer un seguimiento a los pacientes desde su derivación hasta la vuelta al sistema público, evitar duplicidades y derivar procesos oncológicos completos en los que instituciones como el IVO son punteras.
