María José Salvador tiene claro sus retos al frente de la Conselleria de Vertebración del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Transportes: Garantizar el derecho a la vivienda y lograr que la Administración autonómica pueda volver a invertir en infraestructuras, una empresa hoy difícil, según dice, por la herencia de su predecesora, Isabel Bonig, «que entre unas cosas y otras dejó una deuda de 1.500 millones de euros».
Tras dos años de su toma de posesión, Salvador hace balance y lo hace satisfecha. «El gobierno anterior nos dejó prácticamente paralizada la conselleria con facturas en los cajones, reclamaciones judiciales y muchas cosas por resolver, como todo lo relacionado con la política de vivienda. La Ley de la Función Social de la Vivienda, el tema de la movilidad en el transporte, que me encontré con todas la licencias caducadas, el Pativel, la necesidad de reformar a línea del TRAM en Dénia, el túnel parado de la Serra Grossa, los planes territoriales de Alicante, València y Castelló? Eran retos que vamos resolviendo pero queda mucho por hacer y mucho por pagar», asegura. Y es que existen casi 1.500 millones de euros comprometidos por las denuncias por PAIs mal tramitados, las ayudas a la vivienda o los 203 millones de euros que se deben de obras públicas ejecutadas en los últimos 20 años y que se tienen que pagar.
Respecto al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral (Pativel) afirma que se ha evitado «la tentación» de «intentar algún tipo de desarrollo urbanístico en las zonas más valiosas de nuestro litoral». «El Pativel se basa en dos pilares: garantizar la seguridad jurídica y evitar la responsabilidad jurídica de las administraciones mientras llega un nuevo modelo territorial en el que habrá más protección, o mejor, con el que vamos a poner en valor el paisaje y nuestra costa», explica.
Luces largas en urbanismo
Sin embargo, sabe bien que los promotores critican el documento. Salvador lo defiende porque «era nuestra obligación intervenir tras una etapa de urbanismo con más luces que sombras. No podíamos consentir la destrucción de todo el territorio, y no acuso a nadie pero la protección de nuestra costa es una responsabilidad». Y puntualiza: «La demanda de vivienda está garantizada. El 40% de las alegaciones se han aceptado y hemos corregido muchas cosas. Ahora habrá una nueva exposición pública. Ha habido malas interpretaciones pero creo que todo se ha corregido». Por ello, recalca: «Estamos haciendo una planificación supramunicipal que nunca se había hecho. Tenemos vocación de poner las luces largas en urbanismo y planificar el territorio desde la conselleria respetando, por supuesto, siempre, la autonomía municipal».
Uno de los retos que asumió Salvador desde el primer momento fue frenar los desahucios. La consellera reconoce la dificultad del compromiso porque «tras veinte años de políticas en contra del derecho a que todo el mundo pudiera tener una vivienda, nuestro compromiso era que la vivienda fuera un derecho y no un artículo de lujo como parecía considerarlo el PP. Se han frenado los desahucios porque hemos encontrado colaboración, pero un sólo caso es un drama». Asegura que «trabajamos porque nadie tenga que abandonar su vivienda», aunque recalca que «tampoco dejaremos que haya ocupaciones ilegales cuando hay familias en lista de espera».
Por ello, si se aborda el tema de la vivienda, la consellera Salvador centra la atención en el parque público. «Cuando llegué me encontré con un parque público de 700 pisos que eran inhabitables y se está invirtiendo mucho dinero en poner las viviendas a punto. Creamos la mesa de prevención de desahucios con los bancos, como un espacio de diálogo mientras aprobábamos la ley de la función social de la vivienda, que es donde se establecen mecanismos de protección que sortean las limitaciones competenciales que tenemos. Lo que me gustaría es que el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias y la capacidad de aprobar una ley de segunda oportunidad en el Congreso, lo haga. Nosotros creamos la mesa de prevención donde juntamos a la plataforma antidesahucios, los sindicatos y a los bancos», explica.
Doble plataforma y cercanías
Si habla del Corredor Mediterráneo no comprende como ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna ven que «apostar por el Corredor Mediterráneo es apostar a caballo ganador. Lo bueno del proyecto del Corredor Mediterráneo es que ha posibilitado que haya un consenso general que comparten los empresarios, los sindicatos, los ciudadanos, las universidades, los partidos políticos? todos menos el Gobierno central». Eso sí, tiene claro que el tercer hilo no es suficiente. «Necesitamos doble plataforma en todo el recorrido, y esa va a ser la reivindicación del Consell, como también el que haya AVE entre Alicante, València y Castelló y con Barcelona».
La consellera Salvador no solo tiene el punto de vista fijo en el horizonte de la alta velocidad. Ha planteado en Madrid recuperar la red de Cercanías y explica cuáles fueron sus argumentos. «Hay que explicar que la red de Cercanías es importantísima y hay que recordar que su modernización se decidió en un convenio Consell/Fomento en 2010. Siete años después no se ha ejecutado. Hemos pedido la transferencia de las competencias ferroviarias de las redes de cercanías pero no han aceptado».
