El empresario Daniel Calzada, gerente de varias mercantiles que facturaron a Emarsa, afirmó que Enrique Arnal, ex director financiero de la empresa pública, le hacía cambiar los conceptos de las facturas. «Me hacían cambiar el título de la factura. Nunca he trabajado para una empresa así».

Calzada se pronunció así en su declaración ante el tribunal que juzga la pieza principal del caso Emarsa, procedimiento en el que se ha investigado un supuesto desfalco de alrededor de más de 23 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo.

El acusado explicó que a través de su empresa promotora-constructora, Llar Calzada, comenzó a trabajar en Emarsa. Quien se lo pidió fue el exgerente Esteban Cuesta. «Me dijo que no le gustaba la gente que llevaba albañilería y que si me interesaba trabajar ahí», expusó. El empresario aseguró que «cuando me contrataron me dijeron que era mejor que me afiliara al PP».

Así, se encargó de llevar inicialmente el mantenimiento de la entidad pero no participó en «ninguna» falsificación de contratos ni de expedientes, aclaró. Repitió que los trabajos facturados, eran reales, e indicó que firmaba los contratos que le decía Cuesta. «Si quería seguir trabajando allí, me lo ponen y lo firmo».

Además, señaló que cuando entró a trabajar en Emarsa «aquello estaba destrozado y el ambiente que se respiraba era más que nocivo. Con dos personas de mantenimiento no se llegaba», afirmó, al tiempo que agregó que la empresa «pagaba mal no, peor». «Ibas con la factura a Enrique Arnal -ex director financiero- y te decía que la redacción estaba mal. Me hacía cambiar muchos conceptos. Me hacían cambiar el título de la factura... Nunca había trabajado para una empresa así».

Por otro lado, aseveró que no entregaba dinero en efectivo a Cuesta, pese a que la fiscal le ha recordado que se pronunció en estos términos en una declaración anterior. Asimismo, indicó que dejó de trabajar en Emarsa porque le dijeron que «los de arriba le habían dicho que tenía que meter a otro», sostuvo este acusado.

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga las piezas del caso Emarsa y el saqueo de la depuradora de Pinedo, rechazó una querella interpuesta contra el portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y denunciante de esta causa, Ramón Marí, por consignar la fianza para ser acusación popular con fondos de una subvención otorgada por esa entidad al PSPV.

El instructor acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, de acuerdo con el criterio del fiscal, «al no aparecer debidamente justificada la perpetración de delito alguno». La fianza se consignó con 4.000 euros de la subvención para el grupo socialista en al Emshi.