La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) cuestiona la validez de los informes en los que justifica el auto la jueza y rechaza que centre su petición de archivo en el hecho de que los peritos «descartaran fallos en los frenos, el vagón y en las vías».

Es cierto que esto es lo que concluyó el perito Andrés Cortabitarte en su informe de 2007, dicen, pero resaltan que la inspección tuvo lugar en noviembre de 2006.

«Si la misma noche del accidente se reparó la vía, sin presencia judicial, para restablecer el servicio el día 5, ¿cómo pretende el perito, que en su inspección cinco meses después, quede algún indicio en la vía de la posible causa del accidente? Normal que su conclusión fuese que todo estaba bien?», argumenta la AVM3J.

«En las mismas fechas, inspeccionó también el perito el vagón siniestrado, por cierto, guardado sin custodia judicial, en las cocheras de la misma empresa a la que se estaba investigando. Y señaló que el tren estaba tan sumamente destrozado, que era imposible reconstruir el sistema de frenado», recuerda la asociación en un comunicado.

«Aun así, se atrevió a concluir que los frenos no habían fallado, alegando que, dado que no había indicios de fallos a lo largo del trayecto, resultaba lógico suponer que los frenos funcionaban bien».

«Y estas son las "conclusiones" que la jueza Nieves Molina da por buenas, y en las que se basa para descartar fallos en los frenos, en la vía o en el vagón», añaden.

Sin planes de prevención

Otro informe, el realizado por la Inspección de Trabajo, admite que FGV no tenía Plan de Prevención de Riesgos Laborales, aunque el perito concluyó que no había vulneración de la normativa porque el citado plan «tan solo era un compromiso del empresario». La AVM3J asegura que la prevención del riesgo no es «voluntad» de FGV y que en ese sentido el perito evidencia «desconocimiento de ley».

Finalmente, la asociación descarta el informe del Invassat, que califica de «intento» de trasladar la responsabilidad «únicamente al conductor».