El Consell de la Generalitat recurrirá a los tribunales contra el decreto del Ministerio de Medio Ambiente que, sin consulta previa ni a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos, limita de forma notable la actividad urbanística y el uso del suelo susceptible de sufrir inundaciones.
A preguntas de este periódico, la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, dijo ayer en Gandia que ese decreto del Gobierno de Rajoy supone «una invasión de competencias» que son de la Generalitat y que, además, «no contempla el Plan Territorial de la Generalitat sobre la prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova)».
Salvador indicó que, cuando a finales del año pasado se hizo público este decreto, el Consell trató de llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para su modificación, dado que, con los reglamentos aprobados por la Generalitat, se daban «dos normativas contradictorias», y recordó que en la Comunitat Valenciana se ha avanzado mucho en los últimos años en materia de prevención de riesgos por inundación.
Ante la respuesta negativa del requerimiento que la Generalitat expresó al Gobierno español para modificar este decreto, finalmente se ha decidido presentar un recurso judicial.
«Lamentamos que el decreto haya obviado el Patricova», dijo la consellera Salvador, al tiempo que señalaba que el Consell, ante la «invasión de competencias autonómicas» que esta normativa estatal supone, ha decidido abrir un frente judicial.
Como ha venido publicando este periódico, son centenares los municipios valencianos seriamente afectados por el decreto del Ministerio de Medio Ambiente que se publicó, sin aviso previo, el 29 de diciembre del año pasado, una fecha que hizo que pasara prácticamente desapercibido.
Oliva también recurre al juez
Varios alcaldes de l´Horta Sud alzaron su voz y transmitieron su queja a la consellera Salvador, con la que se reunieron para abordar los efectos de su articulado.
Más lejos ha ido, en la comarca de la Safor, el Ayuntamiento de Oliva, que ya ha aprobado, con el voto a favor de todos los partidos políticos, la presentación de un contencioso judicial para modificar o invalidar el decreto.
En esta ciudad, como en muchos otros municipios, millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, e incluso urbano, no podrían desarrollarse porque la nueva normativa del Estado limita todo tipo de obras en áreas susceptibles de quedar bajo el agua incluso en periodos de 500 años y supone, de facto, la anulación de sus planes de desarrollo urbano.
