El conseller Marzà defendió también ante las Corts la necesidad de crear una oficina de derechos lingüísticos para detectar situaciones de discriminación e impulsar la normalización del uso del valenciano aunque no se trataba de conformar «ningún comisariado o policía lingüística». «No le vamos a decir a nadie qué lengua hablar en su casa, no lo pone en ningún sitio ni lo pondrá», aseguró. Marzà defendió que la cooficialidad «no se corresponde en absoluto con la realidad», de ahí que fuera necesaria esta oficina.
