El Consell ha aprobado el Programa Anual de Controles Financieros Específicos para 2017, que incluye revisiones sobre los centros docentes públicos y privados concertados, el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y el Registro Unificado de Facturas (RUF) de la Generalitat.
Estas tareas de auditoría pública tienen como objetivo aumentar el control de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat para poder detectar cualquier error que pueda surgir en la administración de alguno de estos centros y organismos. Así lo dio a conocer ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.
El control financiero específico de los centros docentes públicos no universitarios se realizará sobre la gestión económica del ejercicio 2016 y tiene como finalidad comprobar la situación y el funcionamiento económico de este tipo de centros dependientes de la Generalitat. En cuanto a los centros educativos privados concertados, el trabajo se centrará en los mecanismos y procedimientos establecidos para el control de los gastos de funcionamiento, pagos de nóminas y la gestión de las becas de comedor del curso escolar 2016/2017.
La Generalitat recuerda que este control de carácter financiero sobre los centros concertados viene obligado desde la orden de 26 de diciembre de 2008 y, posteriormente, la Orden 7/2013, de 30 de enero, ambas reguladoras de los conciertos educativos, y se realiza todos los años desde 2013.
Las facturas pendientes
También se ha realizado un control sobre el Registro Único de Facturas elaborado por la Intervención General, correspondiente al ejercicio 2016. Según este informe, la Conselleria de Hacienda ha contabilizado a lo largo del pasado ejercicio el 90,77 % de las facturas pendientes del RUF desde 2012 a 2015. Se trata de 76.522 facturas por importe de 346,24 millones, cuya aplicación estaba pendiente de resolver o bien de darse de baja.
El Informe de la Intervención ha puesto de manifiesto que el área de Sanidad es la sección que más volumen de facturas ha resuelto, con un 93,5 % del total.
En cifras absolutas, las facturas resueltas por el área de Sanidad se elevan a 71.792 de un total de 76.522 y su importe se eleva a 299,4 millones.
Respecto al resto de departamentos, la mayoría tiene resuelto entre el 71 % y el 87 % de sus facturas pendientes, lo que puede considerarse como «correcto», según valora el informe de la Intervención General.
En la valoración global del informe se revela que se ha consolidado el medio electrónico como el habitual para la emisión y presentación de las facturas, y que el elevado porcentaje de facturación electrónica, superior al 90 %, conlleva la disminución de las facturas manuales tradicionales a mínimos. El plazo medio de gestión se ha reducido de 182 días a 92.
