Las sociedades musicales de la provincia de València se sienten hastiadas por la presión del Ministerio de Trabajo y el retraso en la recepción de las ayudas públicas de la Generalitat Valenciana, hasta el punto en el que algunas de ellas auguran que si la situación continúa así las sociedades más pequeñas acabarán ahogadas y tendrán que cerrar.
Tal y como adelantó ayer Levante-EMV, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de València inició una campaña de envío de requerimientos a las sociedades musicales para que regularicen la situación de sus trabajadores en la Seguridad Social.
Aunque desde la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana insisten en que se trata de «una carta informativa»y que «no se abrirá ningún procedimiento de inspección ni habrán sanciones», la sensación de presión entre el colectivo musical está presente.
Pedro Rodríguez, presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, afirmó que esta acción «se ha dirigido a un colectivo que desde luego no es fuente de fraude». Desde la federación entienden la labor de la inspección de trabajo pero en este caso «no tiene mucho sentido».
Lute Fernández es presidente de la Unió Musical d'Alaquàs, una de las sociedades que recibió la carta de requerimiento hace unos días y a la que contestaron enviando todo lo solicitado. «Si todo esto sirve para reconocer el esfuerzo que hace la sociedad civil para mantener la cultura musical valenciana, bienvenido sea», manifestó Fernández. Aunque explicó que todo el trabajo que se realiza para mantener a las plantillas regularizadas se llevaría a cabo de forma más ágil «si los recursos públicos llegaran en su momento. Esta situación puede llevar a «ahogar a sociedades musicales más modestas», añadió.
De esta misma opinión es Rafael Pérez, presidente Comarcal de Honor de las Bandas de l'Horta Sud, quien opinó que pese a la insistencia desde Delegación de Gobierno de que es una misiva informativa, «cuando el río suena agua lleva»y que si a esto le sumamos que las ayudas de Consellería de Educación «a veces llegan hasta con dos años de retraso, a muchas sociedades les cuesta mucho mantener abiertas las escuelas de música». En este sentido Pérez añadió que el sentimiento es que «cuanta más crisis hay, más problemas surgen. Las Administraciones nos aprietan demasiado, deberían ser más flexibles».
El grueso de las ayudas del Consell se destina a pagar las nóminas y la seguridad social del profesorado de las escuelas musicales. Paco Benavente, director de la escuela de la Sociedad Musical de Godella, valoró las ayudas que se reciben por parte de la Generalitat Valenciana como «muy pocas y con esto lo que se fomenta son los contratos en precario».
La sociedad godellense también ha sido una de las receptoras de las misivas de requerimiento, que ya fue contestada con toda la documentación solicitada. «Por supuesto que todos debemos cumplir con la legalidad, de hecho en nuestra asociación está todo correcto, pero a través de esa carta no pude dejar de percibir una sensación de presión y de recordatorio de que están al acecho», añadió Benavent.
Moragues: «No habrá sanciones»
Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, reaccionó a la información publicada por Levante-EMV insistiendo en que «se trata solo de una carta informativa» para que las sociedades se «autorregularicen» si entre sus plantillas hay algún profesor u otro trabajador que debería estar de alta en la Seguridad Social y no lo está».
También hizo hincapié en que no es una acción específica sino que es «una carta que se envía a muchos colectivos» y que además «no van a haber sanciones puesto que no se trata de una inspección».
No obstante por parte de las sociedades musicales consultadas confirman que el envío de la información acerca del estado de sus trabajadores se realizó y se les instó a mandar la documentación de la Seguridad Social de sus empleados.
