Los promotores valencianos aseguran que en la franja litoral tan solo hay suelo finalista para construir 10.000 viviendas y advierten de que los «blindajes» normativos que está lanzando la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con instrumentos como el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), «impiden» atender la demanda actual de vivienda, que se ha «disparado» en los últimos meses, según aseguran.
La Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, Feprova, asegura que es «imposible» que exista suelo disponible para edificar 665.000 viviendas como sugieren fuentes de la conselleria de Vivienda. El secretario general de Feprova, Jesualdo Ros, aseguró ayer a Levante-EMV que el vigente documento de Estrategia Territorial, y planes estratégicos como el de l’Horta, el de las áreas metropolitanas de Castelló o el de València, entre otros, «blinda cualquier desarrollo de este suelo, ni siquiera a 70 años, por lo que es imposible que pueda construirse ese número de viviendas».
Nuevos filtros
«Ademas, la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), va a reforzar todavía más ese blindaje», añadió. «Actualmente, las personas y familias quieren comprar en la franja litoral y en este espacio solo hay suelo finalista para construir aproximadamente 10.000 viviendas, con lo que dificilmente se cubriría la demanda para un año o dos», manifestó.
Según los promotores valencianos, a partir de ese momento habría que buscar «otras alternativas» debido a la lenta tramitación del suelo no urbanizable común, «que en ocasiones ha llegado a durar 20 años». «Estamos en un momento de tirón muy fuerte, con mucha demanda», declaró Jesualdo Ros.
El secretario general de Feprova no cree que finalmente se queden suelos por desarrollar y que la conselleria espera «rescatar» sin coste una vez cumplido el plazo de cinco años fijado por la Generalitat.
El secretario general de Feprova recuerda que «son los jueces los que decidirán» si se reconoce el derecho a percibir indemnizaciones o no. «Ni la Generalitat ni los promotores pueden decidirlo y en la Comunitat Valenciana ya tenemos muchos ejemplos de sentencias favorables al pago de indemnizaciones. Es verdad que la Generalitat no tendrá que pagar nada, pero los ayuntamientos sí».
Una «discriminación»
Jesualdo Ros añadió que el Pativel también supone «una discriminación» de Valencia y Castelló respecto a Alicante.
En su opinión, «Alicante tiene un sector turístico residencial y hotelero muy potente que genera muchos ingresos tributarios y gasto anual de turista que se estima en varios miles de millones de euros anuales, pero Valencia y Castellón no van a poder desarrollarlo», declaró el representante de los promotores valencianos.
«En un momento como el actual, en el que el turismo en nuestra comunidad es un elemento fundamental, se va a impedir crecer de una manera ordenada, y esto va a suponer un freno y un quebranto al desarrollo económico y social de nuestra comunidad», sentenció.
