En plena polémica sobre la situación de los menores en desamparo en la Comunitat, tras los casos de abusos sexuales en un centro privado de Segorbe, cometidos presuntamente por un educador, y los dos arrestados por prostituir a adolescentes acogidos en el centro público de Monteolivete, este periódico ha tenido conocimiento de un grave caso juzgado recientemente, y que en su día pasó desapercibido, ocurrido en otro centro de València cuyo nombre omitimos para preservar el anonimato de la víctima y de sus agresores.
Un juzgado de Menores de València ha condenado a los autores de un delito continuado de abusos sexuales y será la Generalitat la que deberá hacerse cargo de la responsabilidad civil.
En esta ocasión fueron dos menores tutelados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de 15 y 16 años, quienes abusaron sexualmente de una compañera de centro en varias ocasiones, aprovechando las horas de la cena cuando los educadores estaban ocupados, según figura como probado en la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Además los adolescentes se valieron de la minusvalía psíquica que padece su víctima, de quince años, y del temor que éstos le infundían por su comportamiento violento en las instalaciones.
Por estos hechos, ocurridos entre los meses de marzo y mayo del pasado año, la Generalitat Valenciana, tutora legal de los dos menores condenados, deberá indemnizar ahora con 5.000 euros a la agredida por los daños morales sufridos como responsable civil directa. Desde que fue víctima de los abusos la menor se encuentra bloqueada y se niega a recibir ningún tipo de ayuda psicológica, según remarca la sentencia.
Los autores de un delito continuado de abusos sexuales han sido condenados a cumplir sendas medidas de internamiento en convivencia con grupo educativo. Uno de ellos por un periodo de trece meses, a los que sumará once meses de libertad vigilada, y el otro de 16 meses de convivencia más nueve meses de vigilancia tras su cumplimiento. En ambos casos recibirán cursos centrados en las relaciones afectivo-sexuales, según las fuentes consultadas por este periódico.
Reconocieron los hechos
Durante el juicio, celebrado a puerta cerrada al tratarse de menores, ambos acusados reconocieron los hechos y las partes llegaron a un acuerdo de conformidad. Inicialmente la Fiscalía de Menores solicitaba una medida de 24 meses de internamiento en régimen semiabierto, 18 de ellos en el centro educativo y seis en libertad vigilada.
Los abusos sexuales se produjeron en las instalaciones de un centro de acogida de València gestionado por una asociación sin ánimo de lucro que presta atención residencial a menores tutelados derivados por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Los dos agresores, acogidos en dicho piso, entraban por separado en la habitación de su víctima, con la que convivían y que padece una minusvalía psíquica, y le obligaban a que les masturbara. Según admitieron, cometieron estos actos en más de tres ocasiones pese a la negativa de la menor. Aunque durante dos meses los educadores no tuvieron constancia de lo ocurrido, nada más descubrir lo que estaba pasando denunciaron los hechos a la fiscalía de Menores y se adoptaron medidas cautelares.
