La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, puede respirar tranquila porque su gestión como consellera no ha acabado en pesadilla, como sí le ha ocurrido a otros referentes del PP. Su paso por el departamento de Infraestructuras no es cien por cien impoluto, pero las irregularidades que en su día puso de manifiesto la Sindicatura de Comptes no son motivo para concluir que se haya producido un daño en los caudales públicos y por lo tanto, exista algún tipo de responsabilidad contable. También se han salvado otros consellers de la etapa de Alberto Fabra que hoy tienen responsabilidades en el partido, como es el caso de presidente del PP de Alicante y diputado, José Císcar.
Al menos, a esta conclusión ha llegado la Intervención General de la Generalitat en el informe que le solicitó hace meses el Tribunal de Cuentas en el marco de la investigación abierta por el ministerio fiscal. El documento, de unas 24 páginas y al que ha tenido acceso este diario de fuentes parlamentarias, hace un repaso de las irregularidades detectadas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General en varias conselleries del Gobierno de Alberto Fabra, entre ellas, el departamento que dirigía la hoy jefa de los populares valencianos. El órgano de control interno se reafirma en los indicios de fraccionamiento del objeto de contrato en varias ocasiones , pero descarta que haya algún tipo de responsabilidad contable.
En concreto, la Sindictura de Comptes puso de relieve que existían 156 contratos menores de los que un total de 89 tenían un importe de entre 17.000 y 18.000 euros, el máximo legalmente establecido, lo que hacía pensar en la existencia de fragmentación para evitar el concurso público y poder realizar una contratación directa. El informe añadía que había expedientes que no contenían factura de gasto y que faltaba justificación documental de los criterios seguidos para elegir al contratista.
La indagación posterior de la Intervención certifica que cada expediente contaba con el documento contable oportuno junto con la certificación de la obra y servicio, así como la correspondiente factura, excepto en tres casos en los que no se tramtitó la obligación de pago. No obstante, se recuerda que el posible fraccionamiento de contratos ha sido objeto de reiteradas observaciones a lo largo de sucesivos ejercicios presupuestarios por parte de las distintas Intervenciones Delegadas con ocasión de los controles financieros permanentes.
La ausencia de quebranto a las cuentas públicas se extiende también a la gestión de las cajas fijas de Presidencia, Economía, de varios hospitales públicos valencianos y en el polémico contrato a la empresa que suministraba los aviones de la lucha contra los incendios tramitado por la conselleria de Gobernación y Justicia.
Tal como informó en su día este diario, el informe de la Cuenta General de 2013, dio pie a que la sección de enjuiciamiento abriera, a petición del Ministerio Fiscal, una investigación por presuntas irregularidades. Siguiendo el procedimiento, el Tribunal de Cuentas encargó a la Intervención de la Generalitat un informe detallado con el fin de que el órgano de control determinara si se habían causado daños al erario público.
En caso afirmativo, debía determinar la cuantía del presunto daño e identificar las personas hubieran sido responsables. La investigación, que sigue abierta, fue aireada por el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en septiembre del año pasado durante una sesión de control en las Corts. En su momento, el PP aseguró que la denuncia aireada por Puig era «una cortina de humo» para esconder su falta de gestión. Bonig defendió la legalidad de los contratos y mantuvo que estaba totalmente tranquila con la citada investigación.
