Desde el entorno del diputado José Císcar se apuntó en su momento que la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas era solo un trámite habitual y que normalmente estas investigaciones acaban archivándose. El Tribunal de Cuentas aún no ha resuelto el procedimiento, pero todo apunta a que acabará haciéndolo, sobre todo, teniendo en cuenta las conclusiones de la Intervención de la Generalitat. Ahora bien, la tranquilidad de la que en su día presumía Bonig era algo relativa.

En febrero de este año Eva Ortiz, mano derecha de Bonig, registró una petición al Consell para que le entregaran copia, en soporte informático, del informe de la Intervención y de «cualesquiera otros documentos». En marzo, el conseller Vicent Soler informó al PP que el informe había sido emitido, pero, advertía de que no formaba parte de un expediente administrativo, por lo que debía consultar al Tribunal de Cuentas sobre si procedía o no facilitar la información de un proceso en curso.

El PP, sin embargo, tenía prisa y no quiso esperar. Así, haciendo valer sus derechos como grupo parlamentario, presentó una demanda al Tribunal Superior de Justicia por vulneración de derechos fundamentales. Entre tanto, llegó la respuesta del Tribunal de Cuentas que optó por lavarse las manos al manifestar que no era competente para tomar esa decisión y que el informe pertenecía a la propia Intervención de la Generalitat.

La conselleria siguió el trámite y consultó también a su órgano de control interno, titular del informe, que tampoco puso pegas a la entrega del mismo. Así las cosas y con la presión de una posible nueva sentencia por opacidad, Hacienda hizo llegar la semana pasadada la información a la diputada del PP. En concreto, se le ha entregado una memoria donde se encuentra la documentación. Este dispositivo está encriptado para proteger la confidencialidad de los datos, aunque la conselleria ya ha facilitado la contraseña a la portavoz adjunta del grupo y actual secretaria general del PP, Eva Ortiz.