La Conselleria de Educación esperó ayer, el último de los cinco días de plazo que tenía, para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana el auto provisional de suspensión cautelar de la aplicación del decreto de enseñanza plurilingüe dictado por la Sala cuarta de lo Contencioso Administrativo del TSJ a instancias de la Diputación de Alicante gobernada por el PP.
Aunque la conselleria no ha hecho público su recurso, tanto el conseller Vicent Marzà como el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, han reiterado desde que se conoció el auto la sólida base legal y pedagógica del nuevo Programa Educativo Plurilingüe Dinámico (PEPD) que comenzará a aplicarse el próximo curso en Infantil (3-5 años).
Así, el tándem Compromís- PSPV al frente de Educación insiste en que el decreto cuenta con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu (CJC), de la Abogacía de la Generalitat y del Ministerio de Educación. Además recalca que la suspensión cautelar no puede aplicarse con efectos retroactivos, por lo que no debe afectar al proceso de admisión ni tampoco ni a la elección de programa lingüístico por parte de los colegios. El plazo para presentar solicitud de plaza escolar acabó este lunes y los centros eligieron el nivel de PEPD en marzo al entrar en vigor en febrero.
La sala que dicta la suspensión cautelar, aunque dice no entrar en el fondo del recurso, sí que determina «la imperiosa necesidad (o al menos conveniencia)» de acceder a la medida cautelar solicitada porque «un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», en referencia a los alumnos de los niveles con más castellano (Básico I y II, e Intermedio I).
Educación argumenta que en Infantil, la etapa en la que arranca el próximo curso el plurilingüismo, es una enseñanza no obligatoria en la que no se acredita ningún nivel de idiomas. Además cuestiona la urgencia de la suspensiós, pues hasta dentro de 7 años, en 2024, no se va certificar ningún idioma.
Escola también alega ante el TSJ
Escola Valenciana también recurrió ayer el auto del TSJ. Pide que no se aplique la suspensión porque «las alegaciones de la Diputación de Alicante están fundamentadas y la paralización del decreto puede generar grandes disfunciones en el sistema educativo».
La Comisión de Educación del Senado aprobó ayer a instancias de la senadora valenciana Marta Torrado (PP) una moción que insta al Gobierno a velar por los derechos lingüísticos de los alumnos y a garantizar la libertad de elección educativa de los padres en las autonomías con lenguas cooficiales. La moción salió adelante únicamente con el apoyo del PP, pues toda la oposición votó en contra.
Torrado dice que el decreto de plurilingüismo es un «chantaje lingüístico», una «coacción a las familias» porque discrimina a los alumnos que se decanten por el castellano y tiene la intención de ejercer un «adoctrinamiento e inculcar una determinada forma de entender la lengua». «Queremos que se respete la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos», añadió.
La senadora de Podemos, la también valenciana Pilar Lima, responde que, al ser el castellano la lengua mayoritaria de la Comunitat que «se aprende en cualquier contexto», es necesario fomentar el valenciano. «Parece que están -el PP- en contra de la cultura y lengua valencianas», remató.
