El gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Enrique Lapuente, debe tener una afinidad especial por la empresa instrumental de la Diputación de Alicante Proaguas Costablanca SA para adjudicarle de manera reiterada contratos de forma irregular desde que tomara las riendas de la empresa pública que gestiona las más de 470 depuradoras públicas de la Generalitat.
La situación no tendría especialmente gravedad -ambas son instituciones públicas y no habría un benefico privado espúreo- sino fuera porque su antecesor en la Epsar, Juan Luis Martínez Muro, es directamente beneficiado de estas operaciones que aprueban altos cargos de la compañía pública a los que él ascendió y subió el sueldo en sus años como directivo entre 2011 y 2015.
Un cargo de nepotismo, de libro. La Epsar ha pagado a esta sociedad en un año más de 92.000 euros por el control de fangos generados de las depuradoras de las provincias de Alicante, Valencia y Castelló, donde no tiene competencias la compañía alicantina, y trabajo que ya realizan las empresas controladoras externas contratadas por la Epsar. Es decir, se abona dos veces el mismo trabajo.
Desde junio del año 2016, con Enrique Lapuente ya desde hace meses al frente de la Epsar elegido por Compromís, la gestora de las depuradoras viene adjudicando a Proaguas «el control de lodos y de la actividad de aplicación agrícola de fangos de depuración» en toda la Comunitat Valenciana.
La decisión, planteada por Proaguas SA y por un informe técnico de las Epsar pero nunca por el Consejo de Administración, según los documentos en poder de Levante-EMV, se salta el convenio firmado entre la Epsar y la Diputación de Alicante y las competencias de la empresa pública instrumental.
Ni la empresa Proaguas puede actuar en las comarcas de Castelló y València, según sus estatutos, ni esta firma es necesaria para hacer trabajos de supervisión de la aplicación de los lodos de depuración de aguas en zonas agrícolas.
De hecho, por el trabajo que Proaguas ya ha percibido 92.000 euros (IVA incluido) en un año, ya cobran las empresa controladoras externas, a saber: Intercontrol Levante, IVA Leging o Consomar, que en su día ganaron este concurso y por el que ya han percibido millones de euros.
Según las bases de prescripciones técnicas de la Epsar para adjudicar el control de las depuradoras valencianas, entre las competencias de las empresas externas controladoras se encuentra «el control de fangos generados, tanto desde el punto de vista de su caracterización física, química y biológica, como de su gestión, todo ello en cumplimiento de la legislación vigente, realizando visitas periódicas a los puntos de destino».
Estos trabajos los está realizando un técnico de Proaguas desde junio del pasado año, según la información en poder de este periódico. También las controladoras privadas que cobran por ello. Tanto en Alicante, donde no tiene competencias para este trabajo por convenio, como en Castelló o València, donde ni tiene no competencias de trabajo ni tampoco geográficas, ya que tiene prohibido trabajar tando en la provincia de Alicante como en Castelló.
El gerente de la Epsar a preguntas de este periódico aseguró, pese a la abundante documentación, que la aplicación de lodos que realiza Proaguas sólo lo hace en los fangos que emiten las depuradoras de Alicante. Estas declaraciones desmentirían los informes técnicos firmados por sus directivos José María Santos Asensi y Mariano López Sánchez, aunque sin la validación del Consejo de Administración de la Epsar. A estos dos directivos los ascendió y les subió el sueldo el beneficiado Juan Luis Martínez Muro.
EUPV reclama a Compromís comprar Egevasa a AVSA
El coordinador de EUPV, David Rodríguez, y la diputada provincial Rosa Pérez, lamentaron la batalla en la que se encuentran inmersas la Generalitat y la Diputación de Valencia con respecto a la gestión de las aguas residuales, servicio que se realiza desde Egevasa, empresa mixta en la cual la administración provincial tiene un 51 %. La formación de izquierdas reclamó a Compromís, sus socios en la corporación provincial, que compren el 49 % de Egevasa propiedad Aguas de Valencia. «Entendemos el acceso al agua como un derecho fundamental de los ciudadanos y creemos que la mejor manera de hacerlo es desde la fórmula de la gestión pública», afirmó.
