Las excavaciones de la fosa 113 del cementerio municipal de Paterna, en el que hay enterrados alrededor de 60 represaliados por el franquismo, se «judicializarán» a partir de ahora. La jueza número 2 de Paterna, Concepción Almagro, ha iniciado el proceso para que la exhumación de los restos y la posterior identificación de los mismos, sin romper la cadena de custodia, sea competencia pública, como en cualquier otro caso en el que hay víctimas mortales por violencia.
Esta es la primera vez que las administraciones públicas adquieren responsabilidades directas en un proceso de exhumación de fusilados por el fascismo en la Comunitat Valenciana.
Así, según informó ayer la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, a Levante-EMV, se exhumarán uno a uno los cuerpos y posteriormente se enviarán al Instituto de Medicina Legal (IML) de València. Desde allí, serán remitidos al laboratorio de Toxicología de Barcelona, dependiente del Ministerio de Justicia, para identificarlos mediante el ADN.
«Estamos muy contentos con la decisión. Era una reivindicación que llevábamos pidiendo desde hacía tiempo. Las exhumaciones han de ser una obligación de la Administración española». Por otra parte, destacó la importancia simbólica que tiene la «judicialización» del proceso ya que otorga, «por fin» a las víctimas del fascismo, «un trato equiparado al de cualquier otra víctima con su proceso judicial correspondiente».
«Las fosas hablan, ellos nos llaman»
Ayer fue un día intenso para todos los implicados en el intento de exhumar los restos de las víctimas del fascismo que fueron fusilados en Paterna. Familiares, arqueólogos e instituciones.
La mañana comenzó con la presentación de los primeros resultados de la excavación de la fosa 113, recientemente comenzada. Conclusión: la primera superficie había permitido contabilizar 12 cuerpos de los 60 que se espera que haya.
Entonces, Santi Vallés, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la fosa 113 del Cementerio de Paterna decía ante los medios, entre lágrimas: «La policía tiene que certificar que son muertes violentas para que sirva para condenar los crímenes contra la humanidad».
«Las fosas hablan, ellos sufren y nos llaman», sentenciaba. Asimismo, la diputada de Memoria Histórica Rosa López Garijo también anunciaba que irían, tras la presentación, al Juzgado de Guardia de Paterna a «decir lo que hemos encontrado. Son pruebas de muertes violentas. Hay que criminalizar estas muertes».
Así lo hicieron. Tras la comparecencia en el juzgado de guardia de Paterna de la diputada Rosa Pérez, de los arqueólogos de ArqueoAntro Miguel Mezquida y Javier Iglesias y de Santi Vallés, en la que explicaron la situación y pidieron una respuesta por parte de la justicia pública, la Policía Nacional se personó a pie de fosa, como posteriormente hizo la juez de guardia de Paterna, Concepción Almagro, y el médico forense, Manuel Polo.
En su visita al cementerio, concluyeron que, efectivamente, el proceso de identificación seguirá el procedimiento de cualquier otro caso de muerte violenta. Los forenses realizarán a partir de hoy el estudio de los restos óseos que vayan obteniéndose en la excavación, a medida que avance el trabajo de los expertos de ArqueoAntro, un grupo elegido por la Asociación de Familiares de las Víctimas el Franquismo de la fosa 113 del Cementerio de Paterna.
«El equipo arqueológico lo elegimos nosotros, la asociación. Serán ellos quienes continúen con su labor de excavación de la fosa», dijo Vallés.
El médico forense de guardia ayer en Paterna, Manuel Polo, informó a los arqueólogos ayer de que los restos de los fusilados por la represión franquista serán trasladados a València lo que, en la práctica, equivale a que, por primera vez en la Comunitat Valenciana, sea el Estado quien asuma una identificación de represaliados durante el franquismo, siempre y cuando el proceso judicial prospere y no acabe en archivo dado que son muertes violentas con más de 20 años de antigüedad.
«És un dia històric»
Santi Vallés apenas podía ayer contener las lágrimas de alegría. «Lloro de alegría; de tristeza ya lo he hecho mucho», contaba a Levante-EMV. Por fin han conseguido algo por lo que llevaban años luchando: que se «judicializara» el caso de los cuerpos fusilados.
«És un dia històric», exclamaba Vallés. «Esto puede ser un precedente para todas las familias, no solo se queda en la asociación, sino que ahora interviene el Estado, la jueza y los médicos forenses». Asimismo, transmitía la emoción con la que las 19 familias de la asociación han recibido la noticia. «Es un día muy intenso para todos». No olvidaba las palabras de agradecimiento a la Diputación y a la diputada Rosa Pérez por todo el apoyo «por acompañarnos en todo el proceso» y al equipo arqueológico «que siempre nos han explicado cada paso que daban».
12 cuerpos de 60
La excavación de la fosa 113 del Cementerio de Paterna comenzó el pasado 22 de mayo y ayer se hicieron públicos los primeros resultados de la investigación. El equipo arqueológico comunicó que, de los 60 cuerpos represaliados que se esperan encontrar, han contabilizado, en la primera aproximación, «doce individuos». Estos resultados son visibles en la superficie más inmediata, que está sobre una capa de cal, que, según afirma, «hay que empezar a retirar para la exhumación».
Además, el hecho de que se vea la cal de forma clara, lleva a pensar al equipo de arqueólogos que «la fosa no se ha tocado desde entonces», ya que está sellada por ese material. Asimismo, informaron de que se han hallado, hasta el momento, cuatro cráneos con indicios de impacto de proyectil.
Santi Vallés contaba ayer que, según las búsquedas que ha llevado a cabo y las pruebas y datos que ha recopilado, comparando archivos de diferentes fuentes (que no siempre son 100% fiables, ya que en los registros del cementerio había apuntada menos gente), todo apunta a que los cuerpos corresponden a fusilamientos perpetrados en las noches del 19 de enero de 1940, el 27 de marzo del mismo año y el 19 de septiembre de 1941.
Tres fechas en las que los franquistas ejecutaron a más de 60 personas de varias comarcas valencianas e incluso de otros puntos de España, como Madrid o Burgos. Murieron silenciados pero con la exhumación y judicialización del proceso, restarán en la memoria y se oirán más fuerte que nunca.
