La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado la investigación abierta en relación con unas adjudicaciones de trabajos -encomiendas de gestión- realizados por la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio, en detrimento de Vaersa, una mercantil dependiente de la Generalitat, según confirmaron fuentes del ministerio público. El fiscal ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la propia conselleria y al determinar que los hechos no son constitutivos de delito alguno, según indicaron las mismas fuentes.
El procedimiento partió de una denuncia interpuesta por el sindicato Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) ante el ministerio público en octubre del pasado año por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos; dos de prevaricación; y un delito fiscal. La denuncia cuestionaba la adjudicación directa, por parte de la Conselleria de Agricultura, así como varias encomiendas de gestión y obras a la empresa Tragsa, considerándola como medio propio, lo que le permitía no pagar el 21% de IVA, pese a que la nueva Directiva Europea sobre contratación pública le excluía de esta condición. En concreto, según recogía la denuncia, la conselleria realizó, tres adjudicaciones directas a Tragsa como medio propio por un valor total de 4.091.763,07 euros.
El sindicato denunció que la conselleria «ni tan siquiera era copropietaria de Tragsa». Junto a este motivo, USO cuestionaba también en su denuncia otros dos aspectos de la conselleria: el pago del IVA y la comparativa de tarifas. Sin embargo, el ministerio público, tras estudiar todos estos aspectos, ha decidido archivar el procedimiento al no ver delito.
