El gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Enrique Lapuente, asegura que no ha cometido ninguna irregularidad en la adjudicación a la empresa Proaguas Costablanca, S. A., de trabajos en depuradoras de más de 10.000 habitantes, como contó este periódico esta semana. Lapuente mantiene que los contratos que realizó la empresa instrumental de la Diputación de Alicante en las plantas de la Vila Joiosa y l´Alfàs del Pi cumplen el convenio firmado entre la entidad dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente y el ente provincial.
En concreto, el gerente de la entidad asegura que cumple el punto número 11 de dicho convenio que reza: «las actuaciones previstas en el presente convenio serán aquellas obras de mejora, suministro e instalación y adecuaciones necesarias para la correcta operatividad y funcionalidad de las instalaciones de saneamiento y depuración en servicio, con capacidad de tratamiento de hasta 10.000 habitantes aproximadamente, o sean gestionadas por la Diputación de Alicante a través de Proaguas Costablanca».
El gerente de la Epsar afirma que en las comisiones de seguimiento no se han cometido ilegalidades porque los miembros de ese órgano toman acuerdos que no aprueban, «ya que esa facultad no la tienen atribuida ni delegada».
En el caso relativo a la posibilidad de que Proaguas Costablanca, S. A., pueda trabajar en municipios de más de 10.000 habitantes, como impide por regla general el convenio, la comisión «propuso, a fin de dar mayor seguridad al convenio, varias modificaciones mediante una adenda al convenio, que debería aprobarse, tras su estudio y valoración jurídica». Y añadió, «cabe indicar que, una de las funciones expresas de la comisión de seguimiento es resolver problemas de interpretación del convenio, y en uso de es facultad, la comisión propuso adaptar las cláusulas a las circunstancias del momento (conviene tener en cuenta que se trata de un convenio que data de hace 17 años».
