Al lastre de la infrafinanciación y de la eterna inversión por debajo de la media española que registra la Comunitat Valenciana se une un nuevo problema, el de la infraejecución. Uno de cada dos euros de inversión (51 %) que el Gobierno presupuestó en 2016 para este territotio no se ejecutó.
Sin embargo, el atasco en inversión pendiente en la Comunitat Valenciana es incluso más grave si se tienen en cuenta únicamente los datos de las empresas públicas y el sector fundacional del Estado, que son las que tiran realmente del carro de la obra pública en España. En este caso dos de cada tres euros (66 %) que figuraban en el presupuesto de 2016 no se reflejaron finalmente en ejecución de infraestructuras en la Comunitat Valenciana.
El sector público, cuyos datos figuran en el gráfico inferior, y del que forman parte empresas como Adif o Acuamed, presupuestó para el territorio valenciano una inversión de 710 millones, aunque realmente ejecutó 237 millones, el 33 %, aún peor que un año antes, cuando se quedó en el 38%.
Lo certifica un informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre inversión regionalizada que ha sido remitido a las Cortes Generales y publicado esta semana por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. De él se deduce que la Comunitat Valenciana, una de las peor financiadas y la última en inversión del Estado para 2017, se encuentra también entre las que menor porcentaje de ejecución presupuestaria presenta, lo que viene a rizar el rizo de lo que Generalitat, empresarios, contratistas de obra pública o entidades sociales y políticas de la Comunitat Valenciana consideran un maltrato.
Según el Gobierno, la Administración General del Estado registró en 2016 un crédito inicial para la Comunitat Valenciana de 836 millones, pero acabó ejecutando exactamente la mitad, 428. Esta es la inversión real. Así, igual que ocurre con la financiación y la inversión, la ejecución presupuestaria en la Comunitat Valenciana también se encuentra por debajo de la media del Estado, 51% frente al 60 % del total.
La autonomía más beneficiada en cuanto a ejecución presupuestaria del sector público fue Baleares, pero la más beneficada en el conjunto de todas las administraciones del Estado fue Madrid, en la que el Estado invirtió al final del ejercicio más dinero del que inicialmente había previsto, un 113% ya que de la previsión en el presupuesto de 889 millones acabó elevando esa cantidad al alza con más de mil millones de euros. La segunda en grado de ejecución fue Aragón con el 95%.
Factura anual de 1.600 millones
Los datos ahondan en la situación secular de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y también en la de inversión, lo que supone una factura anual de 1.600 millones. En el caso de la inversión y según el presupuesto de 2017 a la Comunitat Valenciana solo llega el 6,7 % de la inversión aunque el peso poblacional valenciano es del 10,9 %. Cada valenciano recibirá 119 euros, la peor inversión de España por habitante.
Las cifras se conocen la misma semana en que el Congreso rechazó con los votos de los diputados valencianos de PP y Ciudadanos las enmiendas presentadas para la mejora de los presupuestos en la Comunitat Valenciana.
También en la misma semana en que Canarias se ha sumado al País Vasco al lograr inversiones directas del Estado por el apoyo de Nueva Canarias y el PNV a los presupuestos y apenas unas semanas después de que en la práctica se haya roto el pacto valenciano por la financiación después de que el PP y Ciudadanos rechazaran acudir a una sesión reivindicativa de las Corts.
El estudio también llega después de conocerse que el Congreso paraliza hasta 2019 la reforma del Estatut que preveía el blindaje de inversiones según el peso poblacional valenciano.
