El Arzobispado de València informó ayer a Levante-EMV que ya había presentado en el juzgado de guardia la denuncia contra la asociación de las Misioneras de la Divina Providencia por los supuestos «movimientos anómalos» que los comisarios de la diócesis habrían detectado en las cuentas bancarias de la entidad.

El arzobispado también señaló que el proceso de extinción de la asociación todavía no ha terminado pero eso no impedirá que entre hoy o mañana la Fundación San Vicente Mártir se haga cargo de la dirección de la «escoleta».

«Lo lógico es que se actúe ya porque ha habido una pérdida de confianza de la diócesis con la hermana Rosa -explicaron ayer fuentes oficiales-. Los nuevos responsables se reunirán con los padres para transmitirles normalidad, que todo continuará igual y las plazas para el próximo curso están garantizadas». Sobre si Rosa Choque podrá seguir residiendo allí como hasta ahora, las fuentes aseguraron no tener información al respecto.

Sobre los inmuebles de Algemesí que ya están en sus manos, el arzobispado señaló que la mayoría están dedicados al culto (excepto la que era residencia de las hermanas) y que su titularidad fue cedida por el fundador de la asociación a la parroquia de San Jaime Apóstol. «La asociación era la responsable de su gestión siempre que siguiese desarrollando sus fines sociales», puntualizaron.

Por contra, la representante legal de Rosa Choque puso en duda que el arzobispado sea el propietario. Tal como recogía ayer este periódico, cuando el fundador de la entidad inscribió los inmuebles en la parroquia puso como condición que debían de pasar a las «misioneras» cuando estas obtuvieran personalidad jurídica propia, lo que ocurrió en 1976.

La abogada señaló que la supresión de la institución no se «puede forzar», ya que el canon 120 del Código de Derecho Canónico establece que «toda persona jurídica (como lo sería esta asociación de fieles) es, por naturaleza, perpetua» y que «se extingue si es legítimamente suprimida por la autoridad competente». La jurista no considera que esta salvedad se pueda aplicar en este caso porque no consta la apertura de un procedimiento ni se han seguido los cauces legales por parte del arzobispado.

La abogada pidió que «para que la hermana Rosa pueda defenderse», el arzobispado precise las «causas graves» que le llevaron a nombrar comisarios para controlar la entidad, qué movimientos anómalos ha detectado y por qué considera que son anómalos.