El Cardenal Arzobispo de València, Antonio Cañizares, ha dado instrucciones para que se ofrezca a Rosa Choque, única integrante de la asociación de fieles Misioneras de la Divina Providencia, retirar la denuncia interpuesta contra ella por supuestos «movimientos anómalos» en las cuentas de la entidad, a cambio de esclarecer «extrajudicialmente los hechos sucedidos en esta asociación pública».

Así lo aseguró ayer la Diócesis de València en un comunicado en el que también se anuncia que el arzobispo «ha decretado que los inmuebles que por extinción de la asociación pudieran recaer en la Diócesis se destinen a Cáritas».

Aún así, en esta donación no entrarían las capillas o edificios dedicados al culto en Algemesí, ni la guardería Virgen del Pilar de Bonrepòs, que pasará a estar dirigida por la Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir. Ayer, las maestras de este centro colgaron una gran pancarta mostrando su apoyo a las «misioneras» y su rechazo a las «imposiciones».

Además, representantes de la fundación convocaron para las 20 horas a las familias de los alumnos «para confirmar la continuidad de la guardería con toda normalidad». Ningún padre acudió a la reunión también en protesta por la disolución de las «misioneras».

Las «misioneras» son responsables de varios edificios en Algemesí y Bonrepòs. Y, aunque el arzobispado señala que la titularidad de todos excepto de varios pisos en uno de los inmuebles, es de la parroquia (y, por tanto, de la diócesis), la abogada de Rosa Choque defiende que la cesión de la titularidad a la parroquia se estableció mientras la entidad no tuviera personalidad jurídica, tal como consta en un documento de 1976 al que ha tenido acceso este periódico.

En cuanto al ofrecimiento de una «solución extrajudicial» al conflicto entre la diócesis y la entidad, fuentes del arzobispado señalaron que esta pasaría porque la «hermana Rosa» explicase los supuestos desfases en las cuentas y reconociese, en su caso, si hubiese «cometido algún error».

Según el comunicado publicado ayer, «las sucesivas peticiones de justificación de las anomalías detectadas no han sido contestadas por la dirección de la asociación, aunque el diálogo sigue abierto y, a petición expresa del arzobispo, se seguirá estableciendo una vía de solución que se espera, sirva para esclarecer total y definitivamente los hechos aún no justificados».

En la entrevista publicada ayer por Levante-EMV, la «hermana Rosa» lamentaba no haber sido recibida por Cañizares y que los comisarios nombrados por este para disolver la entidad solo se dirigieran a ella por burofax. «Es incierto que la directora desconociera las peticiones, ni que se hayan realizado las comunicaciones únicamente por vía escrita -contestó ayer la diócesis-.

Tanto los comisarios que intervinieron en la asociación como el Vicario General mantuvieron varias reuniones, y dado que las peticiones eran subjetivadas por la directora, se comunicó a su representante legal que se le informaría a través de escritos para que entendiera las peticiones de justificación de movimientos anómalos en las cuentas, que se reiteraron hasta en tres ocasiones y quedan aún por justificar».

El arzobispado reitera que la entidad está «abocada a la extinción» al estar integrada por menos de tres personas. «Y aún el sentido común indica que una asociación tiene que tener al menos más de un miembro para que mantenga su carácter», añade en su comunicado. Además, afirma que se le «ofreció a la Superiora continuar con la gestión de la guardería de Bonrepòs, ofrecimiento que fue rechazado por la misma por razones que se desconocen».

Por último, informa de que, tras ser enviada de Algemesí a Bonrepòs, la directora «mantuvo su firma en las entidades bancarias y en lo relacionado con Bonrepós. Y fue posteriormente, tras solicitar infructuosamente el histórico de la gestión económica cuando con la negativa reiterada a la justificación, se procede a la suspensión durante la intervención».