Investigación

Justicia cambia el trámite de parejas de hecho para evitar detenciones de extranjeros

La conselleria cambia la tramitación tras la denuncia de València Acoge de que policías de paisano arrestaron a inmigrantes en situación irregular

08.06.2017 | 07:54
Uno de los controles de acceso dentro del complejo administrativo Nou d´Octubre.

La Conselleria de Justicia ha modificado el funcionamiento del Registro de Parejas de hecho después de que València Acoge denunciara la detención de inmigrantes en situación irregular cuando iban a inscribirse junto a sus cónyuges.

El registro de parejas de hecho deja de funcionar con cita previa los martes y jueves, y pasa a hacerlo por orden de llegada de lunes a viernes. De esta manera no se conocerá con anterioridad las personas que acudirán un determinado día. Fuentes de la conselleria explicaron ese cambio en un intento por evitar situaciones como la denunciada por la asociación.

En total, y con la colaboración de abogados de oficio, la ONG afirma tener constancia de ocho casos en los que el miembro de la pareja en situación irregular fue detenido por policías de paisano en las instalaciones de la conselleria, en la ciudad administrativa Nou d´Octubre de València.

Los hechos que denuncia Valencia Acoge se produjeron cuando las parejas acudieron a la cita previa que tenían concertada con anterioridad para formalizar la relación. Según un testimonio al que ha tenido acceso Levante-EMV, los policías de paisano actuaban cuando la pareja mostraba su documentación para acceder a las dependencias de Justicia. «Por detrás se acercaron dos hombres, cada uno se nos puso a un lado, nos enseñaron las placas y se abalanzaron sobre mi pareja», relata una de las personas afectadas.

La asociación denunció estos hechos ante el Defensor del Pueblo y los puso en conocimiento de Justicia el lunes pasado, que no tenía constancia de estas actuaciones en sus dependencias, según apuntaron a este periódico fuentes de la conselleria.

Ayer por la mañana, la consellera Gabriela Bravo, recibió a Valencia Acoge. La consellera decidió abrir un expediente informativo para investigar los hechos y ha pedido una reunión con el comisario jefe de la Policía Autonómica, que se producirá probablemente hoy. Además, Bravo también ha solicitado un encuentro con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ya que València Acoge apuntaba a la Policía Nacional.

Sin embargo, fuentes consultadas por este diario explicaron que «todas las detenciones han sido practicadas por agentes de la Policía Autonómica», dependiente de la Generalitat Valenciana.

Fuentes de ese departamento confirmaron a este periódico que, efectivamente, los arrestos han sido realizados por agentes de la Policía de la Generalitat y los enmarcaron dentro de los «controles aleatorios y preventivos» que se realizan en el perímetro y los accesos al complejo Nou d´Octubre, que alberga, entre otras, la Conselleria de Justicia y la sede de ese cuerpo policial.

Las fuentes enmarcaron los controles «en la situación de alerta antiterrorista de nivel 4 que tenemos desde hace año y medio» e insistieron en que su única función es «garantizar la seguridad en los edificios de la administración valenciana, ese y todos los demás, dado que son entornos muy sensibles».

Impedir la regularización

«Desconocemos qué está pasando, pero en todos los casos los agentes de la Policía parecía que tenían constancia de la citación de ciertas personas», asegura Carmen Cabrera, abogada de oficio de Extranjería y miembro del Colegio de Abogados de València (ICAV), que concluye que no se trata de «casos aislados».

Valencia Acoge calificó «muy positivamente» el encuentro con la consellera Bravo y van a trasladar la denuncia a la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y Contra la Discriminación de la Fiscalía Provincial de València. Consideran que puede haber un «posible delito de restricción de derechos civiles». Asimismo, Cabrera incide en que, además de ser un «trámite de carácter privado y personal», la inscripción como parejas de hecho facilita la regularización de la situación de estos inmigrantes, por lo que estas actuaciones afectan a su «proceso de inserción».

«Sabemos que pueden ser detenidos al no tener residencia, pero entendemos que las formas y consecuencias son terroríficas y vulneran sus derechos», apunta Cabrera.

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