Desde la Conselleria de Sanidad negaron ayer la mayor tras conocer el paso dado por la patronal de la sanidad privada y el recurso de Ribera Salud II. Ni la nueva ley de acción concertada suponía excluir a la empresa privada de los conciertos sanitarios ni se iba a dejar de contratar servicios siempre que estos fueran necesarios si los recursos propios de la sanidad pública no eran suficientes.
Fuentes de la administración sanitaria explicaron que la ley, que responde a la trasposición de una directiva europea, busca dar cobertura legal con concurso público a los conciertos que hasta ahora se tenían de forma directa con asociaciones sin ánimo de lucro como el IVO o Cruz Roja a través de una «tercera vía» que no era ni acción directa ni concierto privado: la «acción concertada».
370 millones en conciertos
Este era el motivo de que esta ley de «acción concertada» que no de «actividad concertada» se centrara solo en estas entidades pero no suponía, «en ningún momento» la sustitución de la actividad con empresas privadas a través de conciertos públicos. De hecho, la administración tiene en marcha dos grandes contrataciones de servicios sanitarios a través de empresas privadas: la hemodiálisis y el transporte en ambulancias. En ambos casos se acudía a la vía del contrato público y la concertación. En el primero se ha sacado a licitación un contrato con un presupuesto de casi 135 millones de euros para adjudicar el servicio de hemodiálisis ambulatoria durante tres años mientras que, en el segundo, el presupuesto es de 235 millones de euros y la actividad se concierta por cuatro años.
Ahora el Consell deberá esperar a conocer qué decisión toma la Defensora del Pueblo y si sirve de vehículo para presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso de la patronal de la sanidad privada que en el seno de la conselleria se vincula con el actual clima de enfrentamiento administración-empresa privada a cuenta de la reversión del hospital de Alzira a la gestión pública.
