Educación

La Fiscalía rechaza que el decreto de plurilingüismo "lesione" derechos

El ministerio público subraya que "no se obliga a nadie a elegir la enseñanza en valenciano"

09.06.2017 | 09:34
La Fiscalía rechaza que el decreto de plurilingüismo "lesione" derechos

La Fiscalía considera que el decreto de enseñanza plurilingüe del Consell «no lesiona ningún derecho fundamental». Así consta en el informe que el 10 de abril remitió a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana. Este documento no ha impedido que los magistrados hayan emitido en las últimas dos semanas tres autos provisionales de suspensión cautelar del nuevo Programa de Enseñanza Plurilingüe Dinámico (PEPD) que la Conselleria de Educación planea implantar el próximo curso en Infantil (3-5 años).

El ministerio público subraya que «no se limita ni restringe la libre elección de centro educativo». «Los alumnos y sus padres pueden elegir libremente el centro en que deben realizar sus estudios sin que el decreto impugnado limite o dificulte en modo alguno dicho derecho». «Basta con elegir el centro que haya adoptado el nivel de sus preferencias para realizar sus estudios en él», concluye.

El documento fue dado a conocer ayer por Escola Valenciana, entidad que ha recurrido la primera de las suspensiones cautelares del decreto emitida a instancias de la Diputación de Alicante, corporación presidida por el PP.

En este informe el fiscal se posiciona ante el procedimiento de protección de derechos fundamentales interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra el decreto del departamento del conseller Vicent Marzà.

Los magistrados lo han obviado

La Fiscalía resalta «la falta de legitimación activa de la CSIF, que no ostenta la representación ni de los centros docentes ni de los alumnos de la Comunitat Valenciana». Un argumento, no obstante, que no fue tenido en cuenta por los magistrados del TSJ, que acabaron admitiendo el recurso de la CSIF.

Además, el ministerio público insiste en que «no se impide la enseñanza del castellano». «Si se lee con atención el decreto se observa que en ninguno de sus preceptos se obliga a nadie a optar por la enseñanza en valenciano en detrimento del castellano», subraya.

«Todos los alumnos o sus padres pueden elegir para recibir enseñanza a cualquiera de los centros, con independencia de cuál sea el nivel (de PEPD) que hayan adoptado», añade en relación a los niveles Básico, Intermedio y Avanzado escalados de menor a mayor carga docente en valenciano e inglés.

La acreditación automática del nivel de conocimiento de inglés y valenciano al aprobar Primaria, ESO y Bachillerato sólo en los niveles con más exposición a estas dos lenguas es la cuestión por la que los magistrados determinan «la imperiosa necesidad (o al menos conveniencia)» de acceder a la medida cautelar porque «un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», en referencia a los estudiantes del nivel con más castellano.

Estimular a la lengua minorizada

Sin embargo, la Fiscalía discrepa sobre esta cuestión. Aunque reconoce que «es cierto que conforme aumentan el tiempo de enseñanza en valenciano aumentan las horas de inglés hasta dicho 23 %», el ministerio público establece que este «estímulo a la enseñanza del valenciano» no lesiona el derecho fundamental a la igualdad del artículo 14 de la Constitución. «Entendemos que no se produce dicha lesión y ello por cuanto los alumnos y sus padres pueden elegir libremente el centro en el que sus hijos o ellos mismos pueden cursar sus estudios», apostilla.

«Que, según el nivel que elijan, haya mas o menos valenciano, castellano o inglés no afecta al derecho fundamental del artículo 14 de la Constitución. Se trata de una opción de política lingüística que constituye una cuestión de mera legalidad ordinaria que debe decidirse en el procedimiento adecuado. Otra cosa es que no sean del agrado del demandante los niveles establecidos en el decreto impugnado y prefiriese otros distintos pero ello no afecta a derecho fundamental alguno», insiste el ministerio público.

«No se proscribe el castellano»

La Fiscalía aclara que el decreto «no se proscribe la enseñanza en castellano» porque el 46 % de los colegios han optado por los niveles con menos valenciano (Básico e Intermedio), lo que «acredita la libertad de elección y la ausencia de obligación en la elección de la enseñanza a elegir».

Escola mostro ayer su «satisfacción» con el informe. Señala que el decreto «no obliga nadie a estudiar en valenciano». «Nosotros pensamos que es legítimo que el valenciano sea la lengua vehicular en la enseñanza para lograr el verdadero plurilingüismo, cumplir con la legalidad y ofrecer igualdad de oportunidades a todo el alumnado del País Valencià», añade. «Es coherente que el Consell asegure el respeto hacia el valenciano y fomente el uso de la lengua propia con objeto de compensar la desigualdad histórica que sufrimos», remata la entidad.

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