Conselleria de Justicia

La policía autonómica dejará de controlar a los extranjeros en el registro de parejas

El comisario jefe pacta con la consellera de Justicia ampliar el perímetro de las identificaciones que se realizaban en la puerta de acceso a la torre 4 para "minimizar el impacto" sobre los inmigrantes

10.06.2017 | 12:00

La Policía Autonómica ampliará el perímetro de los controles aleatorios a ciudadanos que acceden al complejo administrativo Nou d´Octubre, sede de varias conselleries y departamentos de la Generalitat Valenciana, tras la denuncia de la ONG València Acoge de detenciones indiscriminadas de ciudadanos en situación irregular cuando acudían a inscribirse en el registro de parejas de hecho.

Ese es el principal acuerdo al que llegaron ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el comisario jefe de la Policía de la Generalitat, Miguel Álvaro, durante la reunión mantenida a instancias de la primera tras la denuncia de la ONG, que ha provocado la apertura de una investigación del departamento que dirige.

Fuentes conocedoras de esa reunión la calificaron de «muy fluida» y dijeron que el encuentro, mantenido a última hora de la mañana, se había celebrado en un clima muy distendido. En esencia, la consellera solicitó que los controles que está llevando a cabo la policía autonómica en los accesos a los edificios que conforman el complejo del Nou d´Octubre estén reñidos con el derecho de los ciudadanos extranjeros a inscribirse en el registro de parejas de hechos, ante cuyas dependencias se estaban produciendo, al parecer, la mayor parte de esos arrestos. Todo ello, «sin que la consellera haya cuestionado el trabajo de la Policía de la Generalitat», matizó esa fuente.

Así, Álvaro se ha comprometido a colaborar «al máximo en los procedimientos que lleva a cabo la Conselleria de Justicia» y a intentar «minimizar el impacto de esos controles sobre los extranjeros» que acuden a realizar trámites al registro de parejas de hecho, paso que para algunos supone precisamente el inicio de su regularización en España.

Tal como adelantó el martes Levante-EMV en su edición digital, València Acoge denunció ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, el Colegio de Abogados de València y la Conselleria de Justicia que agentes de policía de paisano habían detenido en los últimos días al menos a ocho inmigrantes en situación irregular en el control de acceso a la Torre 4 de ese complejo administrativo, sede tanto del registro de parejas como de la propia conselleria.

Bravo escuchó la queja de la ONG en una reunión el mismo martes y ese día ordenó la apertura de una investigación para frenar esas prácticas, que fuentes próximas a la Policía Autonómica enmarcaron en los controles de seguridad que se realizan en el entorno de ese edificio en relación con la alerta 4 de atentado terrorista vigente desde noviembre de 2015.

A raíz de esa noticia, Esquerra Unida del País Valencià emitió ayer un comunicado en el que pide explicaciones urgentes a Bravo por «el uso anómalo que se ha hecho de la cita previa» en el registro de parejas de hecho y ha calificado de «muy graves» esas actuaciones policiales. «Entendemos la preocupación por la seguridad en materia antiterrorista pero no se puede confundir una cosa con la otra, y se debe dejar claro que por parte de la Policía Autonómica no ha habido un comportamiento discriminatoria hacia los inmigrantes», concluyen.

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