Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Recurso

La sanidad privada ve inconstitucional la nueva ley de conciertos

La patronal ASPE pide a la Defensora del Pueblo que recurra ante el Constitucional la norma que regula la relación con el IVO o Cruz Roja

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recibió al secretario general de ASPE, Carlos Rus. aspe

La patronal de la sanidad privada española, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha solicitado formalmente a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2017 de la Generalitat Valenciana que regula los conciertos que se suscriben con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para prestar servicios sanitarios.

La Conselleria de Sanidad se ha dotado de esta normativa, que responde a la transposición de una directiva europa, para «poner orden» en los conciertos sanitarios que hasta ahora funcionaban con entidades sin ánimo de lucro como el IVO o Cruz Roja pero en los que no mediaba concurso público aunque no supone limitar, según aseguran, la participación de la empresa privada en la prestación de servicios.

Precisamente esta concreción en la norma hablando solo de «acción concertada» para entidades privadas sin ánimo de lucro es la que ha motivado a la patronal sanitaria -que representa a más de 600 entidades sanitarias- a pedir a Becerril que acuda al Alto Tribunal español al entender que esta ley les deja fuera no solo de la nueva «acción concertada» sino también de toda la actividad concertada de la sanidad valenciana.

La sanidad privada, atacada

«Desde ASPE se ha dado un paso más en la defensa de la sanidad privada, que se está viendo especialmente atacada en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana», aseguraban ayer desde la patronal aunque sin nombrar específicamente las decisiones tomadas por la nueva consellera Carmen Montón como recuperar para la gestión pública los hospitales bajo concesión como el de la Ribera o la no prórroga de los conciertos privados para las resonancias magnéticas. Ambas decisiones afectan directamente al negocio de empresas sanitarias privadas como Ribera Salud y Eresa y doblemente a la primera que también participa en la UTE Erescanner Salud que gestiona el concierto de las resonancias.

«Esta ley busca excluir a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos», aseguran desde ASPE que justifican la actuación de la Defensora del Pueblo ante la posibilidad de que esta «flagrante injusticia» se extienda «por el resto de España».

En su argumentación jurídica, la patronal defiende que la norma valenciana está limitando su derecho de participación en la acción concertada vulnerando varios preceptos constitucionales como el artículo 9.3 de seguridad jurídica o el 14 que regula el derecho de igualdad de trato y de no discriminación.

En el recurso se exponen los fallos de transcripción de la directiva europea en la que se sustenta el texto y se pone en cuestión la «libre interpretación» que se ha hecho del texto europeo para introducir los servicios sanitarios en esta «tercera vía» abierta por Europa para regular la gestión de servicios sanitarios más allá de los contratos o de la gestión directa.

«La limitación que establece la ley autonómica respecto a la exclusión de las entidades con ánimo de lucro de los conciertos sanitarios no deriva de la aplicación de la directiva 2014/24 y resulta contraria al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)».

La patronal pide, asimismo, que se suspenda de forma cautelar la aplicación de esta ley (sobre la que ya se han diseñado unos pliegos para, entre otras cuestiones, volver a concertar los servicios sanitarios con el IVO). «La vigencia de la ley está poniendo en una auténtica situación de riesgo la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en el territorio nacional» y da lugar al «empobrecimiento del actual sistema sanitario», aseguran.

Ribera Salud también recurre

De forma paralela a ASPE, la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona el hospital de Alzira, Ribera Salud II, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la misma norma. Fuentes de la empresa alegaron que aún no se ha formalizado la demanda ante el TSJ por lo que el argumentario a utilizar todavía se desconoce.

«Estamos ultimando junto con nuestros asesores jurídicos los argumentos que esgrimiremos frente a la orden impugnada», explicaron. En cualquier caso, desde Ribera Salud entendían que la orden «carece de sentido, por atacar la libre competencia, y tener un fundamento ideológico» más allá de que supusiera o no una afección directa a sus negocio. El recurso de Ribera Salud por esta ley es el último de una larga lista de pleitos contra la Conselleria de Sanidad y que tienen como eje principal la oposición a la reversión del hospital de la Ribera a la gestión pública a partir de 2018.

Compartir el artículo

stats