Mientras la portavoz adjunta del Partido Popular en les Corts, María José Català, denunciaba ayer que «la nefasta gestión» de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, provocaba que las residencias de ancianos «no tengan contrato ni puedan cobrar», la portavoz del Consell le contestaba que el gobierno bipartito PSPV-Compromís está «a punto de solventar» el problema que generó el PP con un modelo de accesibilidad de residencias de la tercera edad que fue declarado ilegal por los tribunales.

Català alertó de que «todo el servicio de atención a personas mayores está sin contrato» porque Oltra tiene «paralizado el concurso», al contar con «218 millones de crédito retenidos porque lleva más de seis meses sin adjudicar» las 3.300 plazas que prometió y otros siete contratos. En concreto, la dirigente popular denunció que «como no hay contrato y el crédito está retenido, no se pueden contabilizar las facturas», de forma que las residencias que prestan un servicio «tampoco pueden cobrar el FLA».

La vicepresidenta, tras el pleno del Consell, afirmó que, tras declararse ilegal la adjudicación del segundo y el tercer tercio de plazas del modelo de accesibilidad, que afectaba a 2.150 plazas, el Consell decidió ejecutar la sentencia «sin tocar a las personas que se encontraban en las residencias» para no crearles «un perjuicio irreparable». Oltra destacó que ya se han regularizado 636 plazas y añadió que el nuevo modelo «busca acabar con un monopolio» donde diez empresas, «muy vinculadas al PP y a las personas que en ese momento estaban en el poder», se repartían el sector de las residencias.

Sobre la polémica de Gascó

Català atribuyó al «fragor de la batalla» en las Corts las polémicas palabras de la portavoz de Educación del PP en las Corts, Beatriz Gascó, de que «nadie de Podemos ni Cuenca», en alusión al origen de la diputada Sandra Mínguez, «le va a imponer en qué lengua hablar».