Contratistas que presenten una buena oferta económica pero que, además, incluyan aspectos sociales, éticos y ambientales en sus proyectos. Ese es el perfil de empresas que buscará el Consell en sus concursos públicos: firmas que cumplan con la llamada Responsabilidad Social. Así lo explicó ayer el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, tras el pleno del Ejecutivo valencia no que aprobó el anteproyecto de ley de Fomento de la Responsabilidad Social.
De este modo, el licitador tendrá que presentar una declaración responsable por la cual no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas. «Es hasta donde hemos podido llegar, porque la ley estatal no nos deja apretar más», se justificó Alcaraz. El anteproyecto de esta norma pretende ser una «herramienta estratégica, y transversal, para la planificación de las políticas públicas de responsabilidad social y para su adopción transversal en las administraciones públicas», explicó el conseller.
Entre los aspectos que pueden hacer que la balanza se decante por una empresa u otra en un concurso público se encuentra, por ejemplo, la garantía de los convenios laborales (importante en las subcontratas), el comercio ético y de proximidad o la cláusula lingüística, favoreciendo la promoción del uso del valenciano, además de aspectos medioambientales o de promoción cultural. Preguntado sobre el tema lingüístico, Alcaraz explicó que han intentado recoger lo plasmado por la Constitución y velar por el cumplimiento del Estatut.
También se pretende incentivar la responsabilidad social en el ámbito privado mediante la promoción de las empresas y entidades privadas que adopten un enfoque socialmente responsable en su actividad.
Ventajas fiscales
Para convencer a las empresas de que se sumen al tren de la responsabilidad social, el Consell ha ideado la calificación de Entidad Valenciana Socialmente Responsable, que se otorgará después de presentar una memoria que será evaluada por auditores independientes y que supondrá beneficios en materia de contratación pública -será favorable en situaciones de empate en adjudicaciones-, concesión de subvenciones o posibles ventajas fiscales, además de visibilización a través de un distintivo proporcionado por la Generalitat.
En el campo de lo público, la Generalitat estará obligada a rendir cuentas anualmente a través de una Memoria que deberá presentar ante las Corts. La ley también crea el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, así como el Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, actuando como órgano de información y consulta. Como instrumento de planificación y gestión, el Consell deberá aprobar un 'Plan Valenciano de la Responsabilidad Social' que será de carácter plurianual.
