Desde que estalló la polémica en torno a los centros de menores de la Comunitat Valenciana, al margen de escándalos, titulares, polémicas en las Corts y denuncias en la Fiscalía y los juzgados, se ha producido un fenómeno subterráneo. Casi imperceptible per se pero que toma forma y cobra entidad puesto en conjunto y tomando perspectiva.
En apenas un mes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se ha ido poblando de medidas administrativas encaminadas a la transformación ya anunciada del modelo residencial de menores, tanto los que se hallan en situación de protección y acogida como aquellos centros que albergan a los menores con medida judicial que están en fase de reeducación.
La catarata de noticias comenzó el pasado 13 de mayo, cuando Levante-EMV adelantó en exclusiva que la Generalitat iba a cerrar el 30 de junio el centro de recepción de menores de Monteolivete (València) por su estado de insalubridad. Desde aquel día, y ha pasado menos de un mes, se han publicado siete procedimientos de relevancia relativos a la protección de la infancia en este tipo de centros, de acogida y de reeducación.
Empezó el 15 de mayo con la licitación del servicio de tareas organizativas, de asistencia y seguimiento educativo del Centro de Acogida de Menores Plana Baixa de Nules. El contrato salió por un valor estimado de 3,4 millones, con un plazo de dos años. El presupuesto base de licitación por el que salió rozaba los 1,9 millones. Y entre los criterios de adjudicación no solo figuraba la oferta económica. De los 100 puntos analizados, el proyecto global del centro contaban 24 puntos, los programas específicos de intervención ascendían a 25 puntos, la oferta económica puntuaba 35 y las mejoras propuestas llegaban a 16 puntos.
Ese mismo día apareció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la licitación del servicio de gestión integral del centro de reeducación de menores Pi i Margall de Burjassot, con unos parámetros similares: dos años de gestión, un contrato estimado en 7,9 millones de euros, un presupuesto base de licitación de 4,3 millones y un equilibrio entre oferta económica, proyecto de centro y mejoras a la hora de que la Administración escoja a la empresa que desempeñará este servicio externalizado por la Generalitat para la reeducación en Burjassot.
Aparte de las denuncias de malos tratos, instalaciones insalubres, y presuntos casos de abusos sexuales o prostitución de menores, hay otro frente que persigue al Consell en materia de menores: el impago a las empresas que gestionan los centros cuya gestión ha sido externalizada.
En este sentido, y aunque las cantidades son pequeñas, el pasado 31 de mayo se publicó en el DOGV el acuerdo del Consell para autorizar el expediente de resarcimiento por obligaciones contraídas con empresas adjudicatarias de servicios en centros de infancia y adolescencia. Los pagos autorizados, por valor de 191.000 euros, corresponden a Servicios Integrales de Limpieza Net, Serunión, Autocares José Puerto y la Fundación Amigó, que recibía casi 130.000 euros. Los grandes pagos siguen estando pendientes.
En solo nueve días
Solo en lo que va del mes de junio se han producido otras cuatro licitaciones en el campo de la gestión de centros de menores. La gestión del centro de menores de Mislata I ha salido a licitación con un contrato cuyo valor estimado alcanza los tres millones de euros para dos años y cuyo importe base de licitación roza los 1,7 millones.
Este pasado viernes se han juntado tres licitaciones en la materia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La organización, asistencia y seguimiento educativo del centro de acogida de menores Plana Alta de Castelló sale por dos años con un contrato por valor estimado de 3,4 millones y con un presupuesto base de licitación de 1,9 millones.
El centro de reeducación de menores Pi Gros de Castelló también sale a licitación por dos años de gestión externalizada con un contrato por valor de 13 millones de euros y un presupuesto base de licitación de 7,1 millones.
Por último, la gestión del centro de reeducación de menores Mariano Ribera de Castelló sale a licitación para dos años con un contrato por valor de 16 millones de euros y un presupuesto base de licitación de 8,8 millones.
Hacia un modelo más público
Las licitaciones de los centros de menores que han aparecido en este mes prosigue con el modelo que combina unos centros con gestión pública y otros con gestión privatizada. El actual Consell quiere ir cambiando este modelo.
Todos los centros de menores de titularidad pública de la Comunitat Valenciana deberán tener también una dirección pública antes de 2020, según ha anunciado la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien persigue el objetivo de poner fin a «la privatización del sistema».
Actualmente hay 80 centros de menores en el territorio valenciano, de los cuales 14 son mixtos y 55 privados, por lo que estos deberán pasar a tener una dirección pública antes del año 2020, ya que a juicio de la consellera es una «barbaridad» que el sistema de protección de menores no sea «íntegramente» público.
«Un sistema privado no supedita los derechos de los niños a cualquier interés legítimo» de una empresa privada, dijo en una comparecencia en las Corts Mónica Oltra, quien defendió que los derechos de los menores deben estar por encima de los de la entidad que gestione el centro en el que estos se encuentren.
Este jueves las Corts debatirán y votarán si crean una comisión especial de investigación sobre la gestión de los centros de menores, y si piden al Consell que impulse una mesa de trabajo sobre la situación del sistema de acogida.
