El juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha aceptado la competencia para investigar el conocido como el 'cártel del fuego', una trama de corrupción que presuntamente amañó contratos para la extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y otras autonomías, así como en el extranjero, y en la que se habrían defraudado más de 100 millones de euros.
En esta causa figuran como investigados el exconseller valenciano de Gobernación con el PP y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano; el exdirector general de Interior Pedro Hidalgo, así como otros ex altos cargos de la Generalitat valenciana y de la catalana y empresarios. Hasta 26 personas.
El juez de instrucción número 2 de Sagunt envió la causa a la Audiencia Nacional al considerar que los hechos se enmarcan en una organización criminal que operó en más de un territorio e incluso en otros países como Portugal, Chile e Italia. Ahora, la juez Carmen Lamela -quien hasta la semana pasada sustituía a Eloy Velasco en el Juzgado Central de Instrucción número 6- ha aceptado la competencia.
Complejidad de la causa
La magistrada explica en su auto que esta decisión está claramente justificada por varias razones, según recogió Europa Press. Así, cita la propia complejidad de la causa por la implicación de diversas personas físicas y empresas o con operaciones fraudulentas desarrolladas en distintos territorios, nacionales o extranjeros durante un periodo largo de tiempo.
También destaca el grave quebranto en la seguridad del tráfico mercantil y la elevada cantidad que esta trama habría defraudado, pudiendo superar los 100 millones. De este modo, subraya la grave repercusión que las actividades delictivas del 'cártel del fuego' habría ocasionado.
Siete delitos investigados
Para la juez, se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones.
Los delitos que se investigan son falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos.
Recientemente, la Audiencia de València ya desestimó el recurso de Serafín Castellano para que el caso se investigara en València, lo que llevó la causa a Madrid, como ahora se ha confirmado.
