La Generalitat no acometerá la renovación de concesiones de los puertos y marinas deportivas del litoral valenciano que son de su competencia hasta que no finalice el proceso de revisión del valor de los bienes y las instalaciones de cada puerto, que determina el canon que pagan los clubes y recibe la hacienda valenciana y se realice, en su caso, una propuesta de ordenación urbana que resuelva la conexión entre estos puertos y la ciudad.
La revisión de las tasas, incluida en la ley de Puertos de la Generalitat Valenciana de 2014 que promovió el Partido Popular y «pactada» con los propios clubes, según sostiene la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Aunque ya se han dado los primeros pasos para regularizar la situación de las concesiones, la Generalitat estima que será necesario conceder prórrogas provisionales. «La situación es la que es, la que nos hemos encontrado después de muchos años de inactividad por parte de la administración anterior, y una plantilla muy limitada para el volumen de actividad que generan los puertos», dijeron.
El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo anunció recientemente que, la conselleria que dirige María José Salvador, está trabajando en la redacción de las «condiciones de referencia» para sacar nuevas concesiones.
Respecto a la actualización del valor de las instalaciones, Domingo recuerda que viene obligada por la Ley de Puertos de 2014 y se debe aplicar tanto en las nuevas autorizaciones como para poder licitar las nuevas concesiones. Algunas de estas valoraciones proceden de las concesiones originales y tienen ya más de 20 años de antigüedad. La conselleria admite que la tasa se multiplicará por dos «de media».
Los clubes, por su parte, argumentan que necesitan acabar con la «incertidumbre» que rodea sus concesiones, que se sostienen sobre prórrogas provisionales, y temen, sobre todo, un encarecimiento de las tasas, que, según el presidente del Club Náutico de Altea, José Román Zurutuza, podrían pasar, en su caso, de abonar 42.000 euros anuales a los 289.642 que establece la tabla resultante de aplicar como canon el 5% del valor total de las instalaciones, tal como contempla la ley de Puertos de 2014.
La Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat Valenciana (Acncv) sostiene que las tasas van a ser liquidadas con un método de cálculo «diferente al aprobado en la Ley de Puertos del año 2014». Esto provocará, según afirman, que en algunos casos se multiplique por siete el importe del canon que hay que pagar a la administración.
Algunos clubes aseguran que se les condena a dejar de cumplir la «función social» que realizan e, incluso, a la desaparición. La Generalitat Valenciana niega este extremo y sostiene que los clubes eran conocedores desde 2014 de que había que pasar por esta revisión del canon.
