La dirección regional está a la espera de que Génova le dé vía libre para la constitución de una gestora en la provincia de València, un golpe de timón que permitirá a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, apartar al actual presidente Vicente Betoret.
La autorización, sin embargo, no es necesaria. Con los estatutos encima de la mesa, Bonig y su equipo podrían ya nombrar una gestora y, además, mantenerla hasta elecciones. La cúpula regional, sin embargo, no tiene en mente adoptar esta decisión de forma unilateral. Bonig quiere que esta drástica solución al conflicto tenga aval de Génova.
En caso contrario, la legitimidad de la decisión sería cuestionable ya que existe la sensación en un sector importante del partido de que la lideresa decidió hace ya varios meses prescindir de Betoret como barón provincial dada sus hondas discrepancias.
Como este diario ha venido contando, Bonig está pendiente de una reunión con el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, para ultimar los detalles de esta gestora. El proceso sólo está a falta del sello oficial, un trámite que, según las fuentes consultadas, se realizará en horas, cuando en Madrid se solvente el debate sobre la moción de censura a Mariano Rajoy.
Las competencias de la regional
Ahora bien, la realidad normativa es que la cúpula regional tiene plenas competencias para disolver la dirección provincial y sustituirla por una persona de confianza. Estas atribuciones quedan reflejadas en el nuevo reglamento del PPCV aprobado en el Congreso Regional de abril que encumbró a Bonig.
Por primera vez, estos estatutos recogen claramente la competencia del comité ejecutivo regional para nombrar gestoras por un periodo de al menos dos años. En concreto, se establece que este órgano de gobierno (el equipo de Bonig) podrá nombrar gestoras que «gobiernen transitoriamente las organizaciones provinciales, comarcales y locales de municipios de más de 20.000 habitantes, siempre que se aprecien graves circunstancias que lo aconsejen».
Las competencias de esta nueva gestora serán las establecidas para la Junta Directiva mientras que la convocatoria del congreso corresponde al comité ejecutivo.
Los estatutos también recogen que el comité ejecutivo podrá asumir el gobierno de alguna de esas organizaciones a través de las personas que designe. En ambos casos, la transitoriedad no podrá exceder de doce meses, salvo que concurran circunstancias excepcionales que motiven la prórroga.
Los estaturos de 2012 utilizaban el término comisión en lugar de gestora y era por un periodo mmínimo de seis meses. Y no señalaban la posibilidad de la competencia para convocar el congreso.
Es decir, una vez nombrada la gestora, Bonig tendrá en sus manos la decisión de convocar el congreso provincial o extender la dirección provisional hasta elecciones. Se trata de una prerrogativa que quedó bien atada antes del congreso regional y de que estallara la batalla provincial. En el PPCV hay quien concluye que fue una manera de ponerse la venda antes de la herida.
Mientras tanto, desde la dirección provincial se sigue abogando por recuperar la normalidad. Betoret sigue con su agenda y guarda silencio, aunque estos días trata de convencer a Génova de que la gestora es un error y no está justificada. Entre sus argumentos, figuran la mejoría de los resultados electorales durante su mandato.
