El Gobierno asumió como «un error» la reforma del Código Civil que obligaba a las personas con discapacidad a presentar un certificado médico para poder casarse. Sin embargo, enmendar el fallo tiene su proceso, que ya ha llegado al Senado.
De no ser así, la modificación del artículo 56 del Código Civil -del que informó en exclusiva Levante-EMVLevante-EMV- entraría en vigor el próximo 30 de junio, aunque, finalmente, tanto ésta (que finalmente no se llevará a cabo) como otras medidas se retrasarán un año.
Por ello, el pleno de la Cámara Alta aprobará esta semana a una proposición de Ley de Reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para evitar que las personas con discapacidad visual y auditiva, así como con otras discapacidades, tengan que pedir un informe médico para casarse.
El cambio se opera sobre el artículo 56 del Código Civil, modificado en 2015 a través de la mencionada Ley de Jurisdicción Voluntaria mediante un cambio llevado a cabo por el PP y que recogía un paquete de reformas del Código Civil y el Registro Civil. Además de subsanar este error, la Cámara Alta ha decidido prorrogar un año más la aplicación de este paquete de reformas, hasta el 30 de junio de 2018.
El colectivo de personas con discapacidad dio la voz de alarma al encontrar en este paquete de reformas un artículo discriminatorio. Por ello, los grupos políticos se apresuraron a tramitar el cambio para hacerlo efectivo antes de la aplicación práctica de la reforma, que finalmente se va a retrasar un año más. El texto que entrará finalmente en vigor establece que el requisito de certificado médico sólo sería requerido en casos excepcionales.
Así, la Comisión de Políticas de Discapacidad del Senado aprobó el pasado 30 de mayo el dictamen de la ponencia sobre la reforma de esta ley. El texto de la ponencia, al que se han incorporado cinco enmiendas, se debatirá en el Pleno del Senado y volverá de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
«Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento», rezaba el texto finalmente cambiado.
Todos los grupos valoraron que se trata de una normativa que «ataca de forma flagrante» la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace una década, y afearon al PP «esta chapuza».
«Corregimos una discriminación histórica, que viene heredada del Código Civil del siglo XIX, pero que no habíamos abordado ninguno. Ni el Grupo Popular ni ningún otro», defendió durante el debate la senadora del PP Sofía Acedo, para añadir que esta reforma legislativa busca «favorecer el matrimonio de personas con discapacidad para que estén en igualdad de condiciones que el resto».
En casos excepcionales
La Comisión de Políticas de Discapacidad del Senado apoyó el texto aprobado por unanimidad en el Congreso, que establece que «en casos excepcionales» se recabará dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar el consentimiento y limita esas excepciones a situaciones en los que «alguno de los contrayentes presente una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo».
