Uno de los grandes puntales de la legislatura del Botànic, la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude en la Comunitat Valenciana, empieza a coger a forma. En un territorio, el valenciano, asolado durante años por numerosos casos de corrupción, la agencia viene a cubrir un hueco después de que haya quedado acreditado que en muchas ocasiones los controles de la Administración han fallado.
La estructura de la agencia ya está diseñada, según ha sabido Levante-EMV, y a final de mes está previsto que tome posesión su director, el abogado valenciano Joan Llinares, que ha trabajado en la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona.
Llinares tendrá sueldo de director general y prevé que para comenzar tenga a su cargo una decena de funcionarios. Las Corts, institución a la que la agencia queda adscrita, ultima ya la relación de puestos de trabajo y el espacio donde la ubicará, en las propias instalaciones de la cámara.
La agencia contará con un director adjunto y su estructura se divide en tres grandes bloques: una dirección de prevención, otra de análisis y de investigación y una tercera que se encargará de los asuntos jurídicos.
La dirección más potente es la de investigación, que se divide a su vez en cinco grandes bloques, uno dedicado a la Administración de la Generalitat y su sector público. Un ámbito, al que sin ir más lejos ayer mismo el conseller de Hacienda, Vicent Soler, identificó en las Corts como una «cueva de ladrones» donde, durante años, ha primado la opacidad, lo que ha generado un caldo de cultivo que ha facilitado la corrupción, dijo.
Otra de las áreas de la dirección de análisis e investigación es la que se dedica a los entes locales y su sector público vinculado, una cuestión nada baladí porque en los más de 542 ayuntamientos valencianos existen más de 300 entes dependientes. De la estructura de la agencia se deduce también que la fiscalización se ampliará a concesiones, fundaciones, partidos políticos y sindicatos. También tiene capacidad para investigar a organizaciones empresariales y a todas aquellas entidades que reciban ayudas públicas.
La agencia también dispondrá de un buzón de denuncias, un aspecto clave, como el de la protección al denunciante, parcela a la que se dedica una de las áreas de la dirección de asuntos jurídicos que se encargará también del régimen sancionador, una capacidad que en principio creó cierta controversia, pero que finalmente se mantuvo en la ley y de la que el nuevo ente podrá hacer uso cuando lo crea conveniente e imponer multas de hasta 400.000 euros.
Evaluación de políticas públicas La agencia que dirigirá Joan Llinares tendrá capacidad también para la evaluación de las políticas públicas, algo muy novedoso ya que podrá emitir informes sobre si las instituciones públicas gastan el dinero de forma eficiente.
Los funcionarios que la integren tendrán consideración de autoridad pública y podrán fiscalizar también las actividades de personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de servicios o perceptoras de ayudas o subvenciones, a los efectos de comprobar el destino y el uso de las ayudas o las subvenciones.
También las actividades de contratistas y subcontratistas que ejecuten obras encargadas por las administraciones públicas o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos.
Aunque se asegura que habrá colaboración y que la nueva agencia no choca con ningún organismo de control ya existente, lo cierto es que la entidad de nuevo cuño es vista con cierto recelo por la Conselleria de Transparencia o la Sindicatura de Comptes, ya que el nuevo ente tiene potestad de fiscalización sobre ambas.
