Son días de notas, deberes y despedidas. De fin de curso, que hoy acaba en Infantil y Primaria y que terminó el viernes para Secundaria y Bachillerato. Ha sido el primer curso programado con toda la antelación posible por la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà.

Ha sido el curso del proyecto de plurilingüismo. De la jornada continua. Del aumento de profesores. De la supresión de líneas concertadas de Bachillerato. De las dos manifestaciones de la concertada y las escuelas católicas, así como de la judicialización de la política educativa con la interposición de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

Recursos para paralizar el plurilingüismo en plena fase de matriculación; recursos contra la no renovación de conciertos educativos en Bachillerato; y recursos contra la orden de concesión de becas universitarias que acota como beneficiarios a los alumnos de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública.

Son recursos ante los tribunales (los últimos dos ya han sido archivados) detrás de los cuales han estado diversos agentes: dos colegios concertados, el PP, la Diputación de Alicante o la Universidad Católica de València. Ahora, cuatro voces diversas evalúan el trabajo de Educación ante el fin de curso.

Las familias. Màrius Fullana, que representa a 700 AMPAS de la provincia de València, no tiene dudas acerca de lo que ha marcado el curso. Primero, el decreto de plurilingüismo. Segundo, el debate de la jornada continua.

Del plurilingüismo aplaude la intención, pero cree que la conselleria se ha quedado corta. «Hubiéramos preferido que se aplicara el nivel avanzado en todos los centros para garantizar que el alumnado realmente acabe con buen nivel en los tres idiomas. La conselleria no lo ha hecho y nosotros somos críticos con ello», agrega Fullana.

Con el proceso de la jornada continua también son críticos: «Sacaron la norma con demasiada prisa por las presiones, y eso impidió el debate necesario. El resultado ha sido enfrentamientos entre el profesorado, entre las familias y entre el profesorado y las familias en muchos casos», lamenta.

En su opinión, estas cuestiones han eclipsado otros temas. «Se ha escondido que la conselleria ha renovado la concertación de centros, cuando se podía haber aprovechado la bajada de matriculación para reducir los conciertos, y eso no interesaba que se conociera. No acabamos de ver la apuesta clara por la educación pública que los partidos en el Consell llevaban en su programa», recalca Fullana.

Y pone deberes: invertir en infraestructuras, con centros nuevos que siguen a la espera y extirpando el amianto allá donde todavía queda; destinar más recursos a renovación pedagógica; cambiar la ley de Consells Escolars dándoles más peso; un mayor apoyo a la Filosofía; y más participación de los centros en su vida interna.

Los docentes. El Stepv, el principal sindicato docente de la escuela pública, que empezó de la mano del conseller y que en los últimos tiempos ha ido acrecentando sus diferencias con las políticas de Marzà, es tajante. Ve positivo «el trabajo por la recuperación de la plantilla de profesorado» y la apuesta casi materializada de que los interinos puedan cobrar los sexenios porque sigue la línea de consolidar las plantillas en activo.

En cambio, subraya el portavoz del Stepv Marc Candela, «echamos en falta recuperar las condiciones laborales y salariales del profesorado». En este sentido, el Stepv ya ha lanzado una campaña, «Ja toca!», para recuperar poder adquisitivo, reducir las horas lectivas, disminuir la ratio de alumnos, reducir la jornada a todo el profesorado mayor de 55 años, suprimir los descuentos por baja médica, ampliar las plantillas, invertir en infraestructuras y mejorar los permisos o excedencias.

El sindicato también suspende a la conselleria en la falta de renovación del reglamento orgánico y funcional de los centros educativos, que data de los años noventa, o en el retraso de negociación de las instrucciones de inicio de curso de todas las etapas educativas. «El plurilingüismo es un avance, por peso del valenciano y del inglés y por la nueva metodología, pero se nos ha quedado corto», señala el Stepv.

La concertada. «Lo peor ha sido la eliminación de los conciertos educativos a Bachillerato y ciclos formativos», responde Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de la patronal Escuelas Católicas en la Comunitat Valenciana. Ella lo califica de «momento dramático para las familias».

Considera también que la jornada continua ha sido «un charco innecesario» y que el espinoso asunto de los deberes tiene que corresponder a «la autonomía de cada centro». Rodríguez subraya que la conselleria se halla en «un momento complejo» con el plurilingüismo y confía en que la tensión entre el Consell y la educación privada y concertada se rebaje. «Me gusta más sentarme en una mesa y dialogar, que la vía de la presión de la calle», afirma.

Centros católicos. El choque con la educación concertada ha motivado el surgimiento de la Plataforma Libertad de Enseñanza 27.1. Su presidente, Javier Sebastián, suspende al Consell en materia educativa. Especialmente, por no renovar conciertos en Bachillerato.

Cree que el desencuentro irá a más. «Esto es un diseño y una estrategia derivada del planteamiento ideológico de Compromís y PSPV, que entienden a la concertada como subsidiaria y no como complementaria», afirma. Lamenta que el Gobierno autonómico haya hecho «oídos sordos» a las protestas de la concertada. «Va a haber más movilizaciones: no podemos ir muriendo poco a poco», responde. También critica la «incertidumbre por las maneras de comunicar leyes, resoluciones u órdenes».