El pionero sistema de teledetección de incendios que fue anunciado en Sagunt en 2010 está en el punto de mira del Juzgado número 2 de esta misma localidad, dentro de la pieza número 4 de acusación contra Vicente Huerta, el empresario considerado como presunto cabecilla del denominado «cártel del fuego» que, supuestamente, se repartía contratos de extinción de incendios en toda España desde hace al menos 15 años y habría ampliado su acción a varios países extranjeros.

Aquel moderno proyecto para detectar focos de incendios forestales con termografía en 53.400 metros cuadrados junto a la urbanización Los Monasterios «nunca se hizo», según denunció ante la Fiscalía el exvicepresidente de la Fundación Medio Ambiental Huerta y exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. Aquel paso lo dio después de ver cómo caía en saco roto el escrito que envió en octubre de 2013 , alertando de que multitud de facturas a nombre de esa entidad eran falsas, al Protectorado de Fundaciones de la Conselleria de Gobernación y Justicia; un departamento que entonces tenía al frente al otrora poderoso Serafín Castellano, el también exdelegado del Gobierno que acabó siendo detenido en 2015 por supuestas irregularidades precisamente en las adjudicaciones del servicio de extinción de incendios a Avialsa mientras estaba al frente de Gobernación.

Sin embargo, ahora, estos hechos sí están siendo investigados por el titular del Juzgado número 2 de Sagunt, dentro de la pieza en la que Huerta aparece como sospechoso de delito fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Aquella novedosa iniciativa contra incendios fue presentada públicamente en 2010 por el empresario saguntino Vicente Huerta y su entonces mano derecha, Francisco Alandí, junto al entonces alcalde, Alfredo Castelló, y otros concejales. Sin embargo, sólo sirvió para un fin, según el exvicepresidente de la Fundación Medioambiental Huerta: la emisión de facturas falsas que encubrían la realización de trabajos de jardinería, obras y reformas de una vivienda particular de Vicente Huerta.

El hecho de que los conceptos de algunas facturas emitidas a sociedades del grupo Avialsa o la Fundación Huerta fueran alterados fue reconocido en parte ante agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por uno de los empresarios detenidos el pasado mes de septiembre dentro de esta causa, Bautista Alcover.

Éste, en concreto, admitió en su declaración que esa alteración se había producido «en alguna ocasión» tras consultar con el administrador del holding Avialsa o con el mismo Vicente Huerta a qué mercantil del grupo emitía las facturas y el concepto de las mismas.

Como se desprende de la documentación aportada en la fallida denuncia de Francisco Alandí a la Conselleria de Gobernación, los diferentes conceptos de las facturas emitidas por varias empresas a la Fundación Huerta hacían referencia a distintos aspectos del proyecto del sistema contra incendios de Los Monasterios: estudio impacto ambiental, anteproyecto, proyecto de estudio y ejecución, dirección técnica del sistema de aspersión e incluso pruebas automáticas de éste último. Todo lo que se había prometido en Sagunt en aquel lejano otoño de 2010.