22 de junio de 2017
22.06.2017
Ayudas

La diputación esquiva la ley Montoro para ampliar los servicios sociales

Los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán contratar a más personal tras un cambio burocrático - La corporación destinará 9 millones

22.06.2017 | 10:56
El presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, y la diputada de EUPV, Rosa Pérez, ayer.

Es, probablemente, una de las leyes más referenciadas diariamente por políticos de todos los colores, pero sobre todo por aquellos que no son del PP y que se dedican a la gestión municipal. La ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la ley Montoro, es aquella que restringe y supedita la contratación en administraciones a la recuperación económica. Una norma del Partido Popular que, sin embargo, bebe de aquella reforma del artículo 135 de la Constitución perpetrada por el presidente socialista José Luis Zapatero.

Ahora, precisamente una Diputación de València presidida por el socialista Jorge Rodríguez, de la mano de sus socios de gobierno Compromís, EUPV y València en Comú, ha impulsado un cambio en el modelo de servicios sociales de la corporación provincial que ha multiplicado por tres en dos años los recursos destinados a este fin, según explicaron ayer. Desde el área de Inclusión Social que lleva Rosa Pérez (EU) la partida para atención social básica en los municipios se ha aumentado de 4,7 a 9,4 millones de euros respecto al año pasado.

Uno de los objetivos de este crecimiento es que se refuercen las plantillas de servicios sociales de los ayuntamientos, algo que choca con la famosa ley Montoro. Para soslayar esta norma restrictiva, la diputación ha establecido que a partir del año que viene los consistorios se adhieran a las subvenciones con carácter nominal. «En algunos ayuntamientos hasta que no había resolución no se podía emplear a nadie y no se permite hacer contrataciones si no existe la garantía de que vas a recibir el dinero», explicó a Levante-EMV la diputada. De este modo, se pretende que, a principio de año, los ayuntamientos tengan la certeza de las cantidades que van a recibir.

En este sentido, según indicó Pérez, «no hay choque con la ley de Montoro», siempre y cuando los ayuntamientos estipulen que se trata de «servicios esenciales», un status que algunos ayuntamientos ya han adjudicado a sus servicios sociales mediante acuerdo plenario y que otros tendrán que hacerlo para poder esquivar la norma ministerial, que circunscribe la restricción de personal a áreas «no esenciales».

Durante la rueda de prensa de presentación de ayer, el presidente de la diputación indicó que «en este momento, se ha trabajado con el colegio de interventores, para intentar trasladar un criterio de flexibilidad en beneficio de la ciudadanía», ya que estas iniciativas de aumento de contratación pueden generar reticencias en algunos interventores que entienden que, a pesar de recibir una subvención desde otra administración que cubre la totalidad del sueldo de la persona a contratar, existiría un aumento en la masa salarial del conjunto del ayuntamiento. Algo que «está claramente prohibido», como recordó Rodríguez.


Menos burocracia

El nuevo modelo busca ir de «un sistema asistencial burocrático a uno de responsabilidad pública basada en la prevención y la justicia social», señaló Pérez Garijo, de modo que en lugar de haber muchas convocatorias públicas que los técnicos tendrían que solicitar, habrá una única que incluya todos los tipos de programa, desde el de pobreza energética al de subvención de personal.

Respecto al personal, la medida supone pasar de un profesional por cada 5.400 habitantes en 2015 a uno por cada 2.833 en 2017. A esto se suma que la diputación financia este año el 100 % del sueldo de estos profesionales, frente al 65 % que se subvencionaba en 2016. Por comarcas, la mancomunidad de la Safor, que se ha sumado este año, es la que mayor crecimiento ha experimentado.

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