El dictamen de la comisión de investigación de las Corts sobre las residencias de mayores y en especial las del grupo Savia constata muchas de las sospechas sobre la gestión de esos centros en los años de Rafael Blasco y Juan Cotino como responsables del área de Bienestar Social. El documento se aprobará el lunes en comisión.
Tras 16 meses de trabajo y 89 comparecencias, los diputados David de Miguel (Ciudadanos), Mónica Àlvaro (Compromís), Concha Andrés (PSPV) y César Jiménez (Podemos), que han llevado en este tiempo el peso de la investigación política, concluyen que hubo trato de favor hacia las empresas, especialmente las de la familia del exconseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell con el PP, Juan Cotino, que tuvo el control del 40 por ciento de Gerocentros del Mediterráneo, después llamado grupo Savia.
El dictamen también recoge que el propio Cotino cambió en 2010 la declaración de bienes a la que están obligados los altos cargos. La ocultó por motivos de seguridad y después no presentó una nueva. Según apuntan los diputados, las grabaciones de la UCO de la Guardia Civil al constructor y sobrino del exconseller, Vicente Cotino, ayudan a entender que el objetivo era cubrir todas las plazas que habían construido porque ahí es donde radicaba el negocio. En concreto el grupo Savia pasó de una facturación de 14 millones a 40 en apenas dos años. Sus plazas financiadas por la Generalitat se elevaron de 700 a 2.000.
Según han explicado los diputados, los distintos consellers del área desde los tiempos de Alicia de Miguel, pero especialmente con Blasco y Cotino se dedicaron a blindar el sistema y a mejorar las condiciones para las empresas sin ningún tipo de rubor. Los diputados aseguran que Angélica Such evitó modificarlo y Jorge Cabré lo intentó pero sin conseguirlo.
El dictamen también cuestiona el papel del miembro del Consell Jurídic Consultiu a instancias del PP, Enrique Fliquete, quien debió abstenerse de participar en la valoración de las normas sobre las residencias que llegaban a este órgano porque tenía intereses en el despacho de abogados que defendía a las empresas que participaban en la adjudicación de las plazas de accesibilidad de mayores.
Los diputados también señalan que existen muchas sospechas de que Alfonso Rus y Marcos Benavent cobraron comisiones por la residencia levantada en Xàtiva sobre una parcela municipal, que acabó en manos de Gerocleop.
El dictamen añade que el único objetivo del denominado modelo Cotino era consolidar negocio para las empresas, que llegaron a calificar de espléndidas algunas de las normas que emanaban del Consell popular, que consignó 489 millones de euros. Durante estos años, las empresas también registraron incumplimientos graves de los pliegos, que nunca fueron sancionados por la Administración.
Fue Cotino quien consolidó el negocio al reconocerlos como centros concertados, darles preferencia y rango legal. También abrió la puerta a concertar el cien por cien de las plazas y a que se les pudiera pagar más.
El PP: «Es el modelo Oltra»
Mientras, el PP ha realizado sus propias conclusiones, entre las que destaca que dos años después de su toma de posesión, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha consolidado el modelo por lo que debería llevar el nombre de Oltra, dice el PP. Los populares añaden que se ha seguido con las licitaciones a los mismos grupos, lo que descartaría cualquier tipo de connivencia con antiguos cargos del PP. Los populares también concluyen que el modelo de accesibilidad surgió para dar respuesta a una necesidad grave de la sociedad
