23 de junio de 2017
23.06.2017
Juicio

La fiscalía cierra la puerta a un nuevo congreso del PP valenciano

Pide que se tumbe la demanda de Bayo porque cree que no sufrió discriminación en las primarias - El juicio desvela que Génova instruyó sobre el apoyo a los aspirantes, pero el COC no lo trasladó

23.06.2017 | 10:23
La fiscalía cierra la puerta a un nuevo congreso del PP valenciano

Las opciones del frustrado aspirante a la presidencia del PPCV, José Luis Bayo, a que el congreso regional que en abril convirtió a Isabel Bonig en lideresa quedaron ayer reducidas a su mínima expresión después del juicio celebrado ayer en la Ciudad de la Justicia.

Después de cuatro horas de vista oral, nadie (ni si quiera el propio Bayo) daba ya un duro por que la jueza titular del juzgado de instancia número 11 falle a su favor y estime que se vulneraron sus derechos fundamentales como precandidato en las primarias.

No lo cree y así dejó constancia en su alegato el ministerio fiscal para quien quedó acreditado que Bayo no no sufrió ningún trato discriminatorio y que pudo ejercer sus derechos como precandidato en igualdad de condiciones que Bonig.

Ni la denegación del censo de votantes ni las posibles irregularidades en la convocatoria de la junta directiva regional del PPCV que dio el pistoletazo de salida de las primarias son, en opinión de la fiscala, base para aceptar la demanda del que fue exdirigente de Nuevas Generaciones del PPCV, quien retiró la candidatura el mismo día de la votación.

Bayo acudió a primera hora de la mañana al juzgado con la confianza de que el juzgado anulara el proceso congresual para que este se repitiera y él pudiera participar de nuevo en igual de condiciones que Bonig. Un escenario que se habría convertido en una pesadilla para la lideresa y su equipo en medio de la crisis abierta en la provincia de València donde en unos días se constituirá una gestora.

Sin embargo, las esperanzas de Bayo se vinieron abajo el minuto uno cuando la jueza dejó claro que sólo podría ser objeto del litigio las cuestiones relativas al censo y la convocatoria de la junta al entender que los otros aspectos de la demanda ampliada por Bayo no podían ser objeto de esa vista. A partir de ahí todo el interrogatorio que demandante tenía preparado para demostrar que no pudo disfrutar en igualdad de condiciones de Bonig de los recursos del partido (utilización de la web, gabinente de prensa, sede, etc) se vino a bajo.

El primero en testificar fue el todavía presidente del PP de la provincia, Vicente Betoret, cuyo testimonio era el que mayor expectación había levantado dada sus agrías relaciones con Bonig. Sin embargo, aportó poco. Sus respuestas fueron evasivas («no sé, no lo recuerdo») y además la propia jueza, no le permitió responder muchas, entre ellas, la que quizás podría haber sido clave: si cómo presidente tenía acceso al censo.

Con todo, el abogado del partido, Jorge Carbó, ( a la sazón secretario del Comité Organizador del Congreso) mantuvo en su alegato que de ninguna manera el partido podía entregar el censo ni a Betoret ni a Bonig ya que no está permitido la Agencia de Protección de Datos. El gerente del PPCV corroboró este extremo y aseguró que él era el único con acceso al censo.

El único punto débil del proceso para el PPCV es que en el juicio quedó claro que el presidente del COC, Jorge Bellver, no trasladó a Bayo el correo que Génova trasladó a la organización en el que recordaba que, aunque no podía entregarse el censo, los candidatos podían apoyarse en el partido para que este distribuyera sus propaganda. Bellver alegó que Bayo no se lo pidió.

Formó parte, según el abogado de Bayo, de los palos en las ruedas que el partido puso a su cliente desde el principio o de las «trabas» a la candidatura que ayer narró el jefe de campaña de Bayo, Jesús Crespo: «Si esto era un proceso limpio, debería se tendría que haber colaborado», sentenció.

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