El plan de construcción de centros docentes que la Conselleria de Educación presentó a finales de enero preveía que un año y medio estarían en marcha las obras de 58 colegios e Institutos de Educación Secundaria (IES), entre ellos los 24 totalmente en barracones. Dieciocho meses después el departamento del conseller Vicent Marzà ha terminado los 7 centros en los que ya habían comenzado las obras cuando él y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentaron el plan. Seis de estos colegios estaban integramente en prefabricados. De las otras 51 actuaciones previstas, un total de 21 centros (41 %) están en construcción o licitación. De los 18 colegios e IES totalmente en barracones que quedan por acometer, únicamente 6 están en obras o en fase de adjudicación.

Marzà hizo ayer autocrítica sobre la marcha del plan de construcción infraestructuras educativas del Consell del Botànic y aunque subrayó que se ha «multiplicado por seis» la inversión, destacó que le gustaría que las obras fueran «más rápido» y reconoció que «está claro que no llegaremos a los plazos». Algunos de los colegios anunciados acumulan ya una demora de entre seis meses y un año.

Uno de los aspectos que ralentizan las obras es la actitud de algunas constructoras ante la política de la conselleria de «tolerancia cero» ante los sobrecostes tras la fallida empresa pública Ciegsa que creó el Consell del PP para construir colegios, que acumuló mil millones en modificados y precios hinchados.

En los concursos públicos que ha adjudicado la conselleria, ante la falta de obra pública, todas las empresas presentan plicas que rayan la baja temeraria para hacerse con el contrato. Luego, una vez en marcha la obra, tratan de introducir modificados para evitar pérdidas. El tándem Compromís-PSPV rechaza cualquier modificación que no esté justificada por los técnicos de conselleria, con lo cual las empresas ralentizan la construcción al mínimo dejando uno o dos albañiles para evitar sanciones por parar los trabajos. En este caso están tres de los colegios en obras.

En esta partida de ajedrez, Educación no quiere dar el brazo a torcer y advierte a las adjudicatarias que resolverá el contrato si persisten en introducir modificados de obra injustificados. Las empresas juegan con el tiempo a su favor, pues cada mes que pasa las Ampa están más intranquilas al ver que las obras no avanzan. Además, resolver el contrato obliga a licitar de nuevo el colegio, con lo que esto supone de demora. No obstante, en este tira y afloja, las constructoras también tienen mucho que perder, pues si un juez las declara culpables de la resolución del contrato quedarían excluidas temporalmente de concursar a cualquier contrato de obra pública.