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Tribunales

Egevasa queda al borde del banquillo por una trama de mordidas con informes falsos

Anticorrupción pide que el director jurídico de la firma de la diputación y el exsecretario de Canet d´En Berenguer también sean procesados por cohecho y falsedad documental en la adjudicación del suministro de agua

La Comunitat Valenciana no le pierde la cara a Madrid en la pugna por liderar la corrupción. Después de compartir protagonismo en Gürtel o, en menor medida, en el caso Púnica, Valencia cuenta también con su presunta corruptela pasada por agua, su particular Canal de Isabel II, salvando las distancias. Emarsa fue una grave merienda de lodos. Ahora, un juez está a un paso de abrir juicio oral a la empresa de la diputación Egevasa (que facilita el suministro de agua a municipios y gestiona depuradoras); al director jurídico de la misma, Marcial Alcalá; al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, y a un letrado de un despacho de abogados (la llamada Academia Valenciana de Juristas) por presuntos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

Acabada ya la instrucción de la causa y dictado el auto de procedimiento abreviado, Egevasa está a punto de convertirse en la primera empresa pública española en sentarse en el banquillo para ser procesada como persona jurídica.

La Fiscalía Anticorrupción acusa en su escrito de calificación a los protagonistas de la trama de elaborar un informe de «corta y pega» para justificar ante el pleno de Canet d´En Berenguer la aprobación de un contrato de 25 años para la prestación del servicio de agua en el que se incluía la construcción de una planta de ósmosis.

Anticorrupción considera que en su política de conseguir concesiones o prórrogas de contratos de diversos ayuntamientos, el responsable jurídico de Egevasa y el exsecretario municipal de Canet se pusieron de acuerdo para que desde la empresa provincial se encargara el informe favorable a la adjudicación al citado despacho jurídico -controlado y administrado de hecho por el citado Sancho Sempere- y que fue firmado por un letrado, quien también se sentaría en el banquillo por haber actuado como presunto testaferro. Por ese documento se pagaron 30.000 euros, pero ese mismo bufete y otro cobraron más de 100.000 euros por otros supuestos siete estudios jurídicos a la carta que no llegaron ni a elaborarse.

La investigación de la Fiscalía y de la UCO de la Guardia Civil, de la que dio cuenta este diario en febrero de 2016, no se limita a la actuación de la empresa de la diputación en Canet, sino que abarca una presunta trama de elaboración de informes y pago de comisiones por parte, entre otros, de estos despachos de abogados, en supuesta connivencia en algunos casos con Egevasa y siempre con el funcionario de Canet como supuesto arquitecto del entramado.

Además de en ésta, Sancho Sempere está inmerso en otra docena de causas judiciales todas ellas relacionadas con esa confección de estudios jurídicos a la carta, que a veces quedaban en blanco, y que catalizaban el pago de mordidas. Habrían utilizado ese bufete y un segundo despacho también investigado. El ex secretario de Canet fue detenido e ingresó en prisión provisional sin fianza en su día por esta trama de los informes jurídicos que salpica a Egevasa.

El suministro del agua se adjudicó con el aval del informe de la Academia Valenciana de Juristas y sin facilitar la libre concurrencia de ofertas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano declaró ilegales las prórrogas automáticas con Egevasa, dado que en el momento de la concesión esta empresa ya había dejado de ser 100% pública.

El 49% del capital de la mercantil provincial fue adquirido por el grupo Aguas de Valencia, a través de la sociedad Vainmosa Cartera SL, en el año 2001. La resolución del máximo tribunal valenciano se produjo a raíz de un recurso presentado por el PP de Requena en contra de la prórroga del suministro de agua concedida por ese ayuntamiento el 12 de junio de 2006.

Prórroga de contratos

La prórroga de convenios y contratos de Egevasa con ayuntamientos es una práctica habitual y cuestionada por los actuales mandatarios de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), de la Generalitat, así como desde firmas con fuertes intereses en un sector que mueve contratos multimillonarios.

Egevasa se convertirá en la primera empresa pública española en ser imputada y procesada. La reforma del Código Penal de 2010 introdujo la posibilidad de actuar contra una persona jurídica y la posterior modificación de julio de 2015 incorporó como tipo delictivo la falta de organización y control de la gestión del dinero en la empresa. En virtud de esta modificación legal, el Partido Popular fue imputado en la causa Gürtel.

Tanto la Fiscalía como el juez entienden que Egevasa ha sacado rédito en forma de contratos a una actuación presuntamente ilegal de su director jurídico sin haber adoptado las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de la legalidad en la empresa, la prevención y detección del delito.

Normas de buen gobierno

La citada reforma del Código Penal de 2015 contempla como eximente o atenuante de su responsabilidad penal la aprobación y ejecución del código de vigilancia y control normativo interno, el llamado Corporate Compliance, unas normas de buen gobierno empresarial que han de contemplar mecanismos internos para facilitar la transparencia para prevenir el fraude, así como canales para denunciar malas prácticas. Un documento del que carecía Egevasa.

Fuentes de la diputación explicaron a este diario que la empresa elaboró su código con la investigación ya en marcha, pero Anticorrupción rechazó esa línea de defensa al entender que solamente respondía a un intento tardío de construir una coartada. Egevasa se enfrentará ahora a posibles penas que oscilarán entre la multa o la suspensión de su actividad por un plazo de hasta cinco años hasta incluso su disolución como empresa. La intervención judicial para salvaguardar los derechos de trabajadores y acreedores o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas y para contratar con el sector público por plazo de hasta 15 años son otras de las penas recogidas en el Código Penal.

Egevasa circunscribe el caso a los hechos en Canet d´En Berenguer

Un portavoz de Egevasa dijo no tener constancia de la situación procesal de esa causa y explicó que en todo caso forma parte de la «herencia recibida» por el actual gobierno de izquierdas en la diputación. Los actuales gestores del ejecutivo que comanda Jorge Rodriguez, actuarán, añadió esta fuente, del mismo modo que en el expolio de Imelsa (Divalterra), en el caso Taula: «Total colaboración con los tribunales para que todo se aclare y que se depuren todas las responsabilidades penales». «Procuraremos, además, que quien se haya llevado un euro público sin justificación lo devuelva», concluyó el portavoz.

Desde la empresa privada accionista de Egevasa indicaron que el caso que ahora está en puertas del juicio oral se circunscribe a las actuaciones en Canet d´En Berenguer. Estas fuentes pusieron énfasis en desligar estas investigaciones de la polémica sobre los convenios de suministro y depuración de aguas. Sostuvieron, además, que el problema principal que se dirimía en relación al contrato de Canet tenía que ver con la calidad del agua y la planta de ósmosis, más que con la legitimidad de adjudicar el servicio sin haber convocado concurso, medida que entienden como ajustada a la legalidad y citan que siempre se acometen las adjudicaciones con los preceptivos informes técnicos. También señalaron que han presentado recurso contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez y están pendientes de que la Audiencia de Valencia resuelva.

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