La Dirección General de Patrimonio de la Generalitat aseguró ayer, tras la publicación en Levante-EMV de los treinta bienes culturales valencianos incluidos en la Lista Roja del Patrimonio por su estado de abandono y peligro de desaparición, que el Consell va a «aumentar los recursos económicos para luchar contra el deterioro de elementos patrimoniales».
«Cultura es consciente de la degradación que sufren algunos elementos patrimoniales en la Comunitat Valenciana», admite el departamento dirigido por Carmen Amoraga. Por ello quieren luchar contra el deterioro sufrido por bienes que son propiedad de ayuntamientos, dueños privados o la Iglesia.
Como informó ayer este periódico, el catálogo de patrimonio en peligro de la Asociación Hispania Nostra (presidida por la reina Letizia Ortiz y formado por especialistas) incluye castillos, alquerías, palacios, iglesias y otros bienes valencianos en riesgo de abandono.
Según datos de la Conselleria de Cultura, la convocatoria de ayudas publicada en mayo para actuaciones de conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural ha consignado un millón de euros (la anterior convocatoria quedaba en 350.000 euros).
«Algunos de los elementos que aparecen en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra están dentro de las intervenciones previstas para este año y otros se han acogido a la orden de ayudas económicas», especificó la Dirección General de Patrimonio. Dicha convocatoria todavía no ha sido resuelta.
«Obligación de conservarlo»
Por su parte, la Asociación Hispania Nostra reclamó ayer a las Administraciones valencianas que se impliquen a fondo porque «en el caso de los castillos y murallas no tienen la obligación de rehabilitarlo, pero sí de conservarlo».
Así lo pide la delegada de Hispania Nostra en la Comunitat Valenciana, Carmen Pérez, que anima a los propietarios públicos de estos bienes patrimoniales a solicitar ayudas a la Generalitat y a la Diputación de València. También reclama a estas dos grandes Administraciones que movilicen a técnicos para que, en el caso de pequeños municipios con castillos o palacios en ruinas, puedan ayudar a sus ayuntamientos en la preparación de los expedientes para una conservación que frene el deterioro.
Carmen Pérez alude a una solución in extremis: que los municipios que no sean capaces de conservar su patrimonio lo cedan al Estado. También sugiere la posibilidad de buscar patrocinios o micromecenazgo para llevar a cabo intervenciones de urgencia.
