Junio de 2008. El PPCV vivía en plena borrachera de poder tras haber revalidado la mayoría absoluta y haber teñido de azul todo el mapa municipal. Le sobraban votos y dinero y Francisco Camps, entonces líder de los populares valencianos, quería brindar a un entonces debilitado Mariano Rajoy todo su calor para apuntularlo en la presidencia del partido.
Para ello, qué mejor que ofrecerle la ciudad y un lugar con una imagen potente, como Feria València, para celebrar el XVI congreso nacional, aquel que Rajoy superó con éxito y acabó siendo su punto de partida para conquistar la Moncloa.
Todo transcurrió según lo previsto por el PPCV: la organización fue un éxito y Camps y la entonces alcaldesa Rita Barberá, presidenta de la institución ferial, posaron felices junto a un Rajoy que regresó a Madrid con dos facturas: una, de tipo moral, hacia sus valedores, y otra, de seis cifras, los 568.511 euros que costó el alquiler del recinto.
La factura con Camps y Barberá la pagó hasta que Gürtel y, más adelante Taula, le hicieron insostenible seguir presumiendo de sus amigos valencianos, pero nunca tuvo intención de pagar la segunda. El PP tendrá que hacerlo ahora, 9 años después, una vez la jueza titular del juzgado de primera instancia de Madrid haya condenado al partido a abonar la factura.
El fallo es un revés doble: el principal es de índole económico porque medio millón no es precisamente calderilla para un partido, que aunque está en el poder, carece de las holguras financieras del pasado. Pero hay otro bofetón no menor; el de la imagen, ya que la sentencia convierte al PP en un moroso recalcitrante, al tiempo que airea cómo la organización actuaba en los tiempos de vinos y rosas. Llega, además, en un momento amargo para la fama de Rajoy, el mismo día en que en el Congreso de los Diputados se ha activado la comisión de investigación sobre financiación irregular.
El congreso de València, celebrado los días 20, 21 y 22 de junio de 2008, además, fue un regalo del PPCV a Rajoy que acabó envenenado por Gürtel ya que, aunque la organización no recayó en las empresas de Francisco Correa, su rama valenciana, Orange Market, logró hacer caja al facturar casi 100.000 euros por dos días de trabajo relacionados con el evento.
La demanda resuelta por el juzgado afecta al PP nacional, quien formalmente contrató con la Feria, pero indirectamente al PPCV, que se implicó en el evento hasta el punto de que Génova, una vez celebrado, intentó derivarle la factura.
El fallo atribuye a Barberá y Camps un papel activo. La primera hizo la gestión para saber si el recinto estaría disponible y, después, «se ofreció a intentar mediar en el tema, sin conseguirlo») cuando el entonces presidente de la Feria, Alberto Catalá, le puso al corriente respecto a la negativa de Génova a pagar. Por su parte, Camps fue uno los que participó en la reunión de «alto nivel» para preparar la cita.
El conflicto entre las partes continuó durante años, pero el proceso extrajudicial para recuperar el dinero comenzó en mayo de 2014, aún con Barberá de alcaldesa. La concejala Consol Castillo (Compromís) había puesto el colmillo en el asunto. No obstante, hasta el 3 de noviembre de 2015, ya sin Barberá en el patronato, no se presentó la demanda.
La sala considera «sobradamente acreditado» no sólo que el congreso del PP se celebró en el recinto y que el partido disfrutó de los suministros necesarios (limpieza, médico, arcos de seguridad, pantallas), sino que todos ellos fueron aceptados verbalmente por Cristobal Páez, la persona que Génova designó como interlocutor con la Feria. Para la jueza queda acreditado que existió un contrato verbal entre las partes.
De hecho,los correos con los distintos presupuestos que se cruzaron las partes muestran el visto bueno y conformidad verbal de Páez, quien, subraya el fallo, «no escatimaba ni se preocupaba en exceso por el precio».
La jueza rechaza con contundencia el argumento del PP de que fue una cesión gratuita del espacio. Tampoco, añade, que la prestación por los mismos consistiera en dar publicida al recinto o a la ciudad «habiendo quedado siempre claro que el precio se establecía conforme a las tarifas de Feria València». El juzgado hace alusión a las testificales de Catalá, al que considera un testigo imparcial. Paez, por su parte, no compareció. El PP tiene un plazo de 20 días para recurrir ante la Audiencia de Madrid. La sentencia incluye la condena en costas.
El portavoz del PP, Pablo Casado, aseguró ayer que su partido cumplirá con la sentencia cuando sea firme y defendió que el PP tiene las cuentas «equilibradas» y una situación financiera «saneada».
