El Tribunal Superior de Justicia valenciano difundió ayer un auto que tumba el recurso de la Generalitat y mantiene la suspensión cautelar del decreto que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria, conocido como el decreto de plurilingüismo.
El nuevo revés judicial paraliza la implantación del proyecto estrella de la Conselleria de Educación -que vinculaba el número de horas de inglés a la mayor presencia de valenciano- y siembra la incertidumbre en cientos de colegios y miles de familias. Nadie sabe qué ocurrirá el próximo curso.
Tras conocerse el auto, Educación anunció que ha encargado un informe jurídico a la Abogacía de la Generalitat para «delimitar con exactitud las medidas a emprender con tal de dar cumplimiento a esta decisión del tribunal». «Será a partir de este documento cuando se determinarán las instrucciones de inicio de curso y se remitirán a los centros educativos durante las próximas semanas», agregó en una nota la conselleria que dirige Vicent Marzà.
La situación en la que queda la Conselleria de Educación es delicada. Es el peor escenario imaginado. En lo judicial, porque topa con un freno antes de nacer. También en lo político: el PP solicitó ayer la comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que comunique la alternativa que adoptará el Consell ante «la incapacidad manifiesta del señor Marzà para dirigir la educación valenciana», en palabras de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.
«Un perjuicio irreparable»
Los tres magistrados que componen la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ valenciano afirman en su auto que, en el caso de no suspender temporalmente el decreto del plurilingüismo, se causaría «un perjuicio irreparable» a los alumnos que elijan un nivel con menos valenciano y, por tanto, menos inglés.
En concreto, el auto judicial señala que «pese a lo que insiste el letrado de la Generalitat, la certificación [en inglés] es diferente para los alumnos que opten por el básico, que siempre obtendrán una certificación inferior que los que lo hagan en el nivel avanzado, y esta diferencia de niveles viene marcada por la enseñanza en castellano o valenciano».
Los magistrados del TSJ suspenden la entrada en vigor del modelo de educación plurilingüe al entender que se vulnera el principio de igualdad. «Al finalizar el ciclo formativo, la acreditación será inferior para los que opten por el castellano, como se ha dicho, y el hecho de que puedan completarla mediante un sistema a determinar evidencia que existe discriminación entre los que opten por el idioma castellano frente al valenciano, que no necesitarán completación [sic] alguna para la acreditación de inglés», según estipula la resolución judicial.
Recurso al Supremo
¿Qué ocurrirá ahora? De momento, un periodo corto de espera hasta que la conselleria decida cómo actuar. «Siempre cumpliendo con la legalidad, como no podría ser de otra manera», deslizan fuentes del departamento. Pero Educación no arroja la toalla: «La decisión de mantener la suspensión cautelar paraliza la aplicación de la norma hasta que el mismo tribunal decida sobre el fondo del asunto, no anula la norma en sí».
La conselleria recalca que la suspensión cautelar no es firme hasta que no se resuelva el recurso al Supremo. Además, detalla que ya ha encargado a la Abogacía de la Generalitat un recurso de casación al Tribunal Supremo para que levante estas medidas cautelares que ha impuesto el TSJ.
El PP pide volver a 2012
María José Catalá, portavoz adjunta del PP, exigió a la conselleria que dicte una instrucción urgente para los centros educativos en la que explique cuál es el proceso a seguir y en la que conste que el decreto que debe aplicarse a partir de ahora es el aprobado por el PP en 2012.
Además, Catalá solicita al Gobierno autonómico que informe de qué pasa con los alumnos admitidos en centros en base a un decreto que está suspendido, por lo que considera necesario abrir un período extraordinario de admisión y matriculación con los nuevos criterios.
