La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) reclama a la sección segunda de la Audiencia que reabra la investigación del accidente del metro para encargar una pericial (denegada por la jueza y reclamada en febrero por las familias de los afectados) y que cite a declarar a ocho de los nueve directivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) imputados por el siniestro.
Seis de ellos, con la exgerente, Marisa Gracia, al frente, nunca han sido citados a declarar por el siniestro, a pesar de que hoy mismo se cumple un año de su «imputación preventiva» para evitar la prescripción de los delitos que se les imputan.
La Avm3j hizo público ayer el recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Valencia para evitar el tercer cerrojazo judicial a la investigación del accidente del metro que costó la vida a 43 personas.
Una decisión judicial que contrasta con la adoptada ayer mismo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago en la que rechaza archivar la investigación sobre el accidente del Alvia de Santiago de Compostela del 24 de julio de 2013, en el que fallecieron 81 personas.
De hecho, en Galicia el juez ha pedido a la Agencia Europea del Ferrocarril una aclaración sobre «qué ha de entenderse por "Evaluación Integral de Riesgo", según la normativa comunitaria aplicable, y en estrictos términos de seguridad ferroviaria», según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG).
El juez gallego también quiere saber si «era técnicamente necesaria una evaluación integral de riesgo que tuviera en cuenta la situación de peligro en la curva en la que se produjo el accidente objeto de investigación».
Dos cuestiones que, por el contrario, la jueza del caso del metro de Valencia se niega a investigar. Para la titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, Nieves Molina, la responsabilidad del accidente del 3 de julio fue única y exclusiva del maquinista, por lo que no hay más que indagar. Ni siquiera en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que es la línea acusatoria abierta tanto por la Avm3j como por la Fiscalía de Valencia.
La jueza se acoge a la declaración del perito e inspector de Trabajo, Juan Martín García Alloza, quien admitió que FGV carecía de un plan de prevención de riesgos laborales, aunque le restó importancia. Tanto Alloza como un técnico del Invassat, que también intervino como perito en esta causa, minimizaron este incumplimiento porque «en la época del accidente no se sabía lo que era una auditoría». Cuando se produjo el accidente del metro la Ley de Prevención de Riesgos Laborales llevaba 9 años en vigor ya que se aprobó en 1995.
Los dos peritos incluso consideraron como «seguridad industrial» y no un riesgo laboral el control de la velocidad en los trenes. Un argumento que la jueza del metro hace suyo ya que, en el auto de archivo de la investigación, considera que «la velocidad no es un riesgo que tenga que ser considerado como tal en una evaluación de riesgo, al tratarse de un tema de índole de seguridad industrial». Una tesis que la defensa de la Avm3j, que dirige el profesor de Derecho Penal de la Universitat, Vicente Beza, quiere rebatir con el encargo de una pericial a un profesor de Prevención de Riesgos Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales.
De igual modo, la Avm3j también solicita que se cite a declarar a la exgerente de FGV, Marisa Gracia, y siete de los nueve directivos imputados para poder ser interrogados sobre «el nivel de cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales» que era «insuficiente» y «no adecuado», según la auditoria de riesgos laborales que FGV mantuvo oculta para torpedear la investigación y que no se aportara a la causa.
Los directivos de FGV sólo hicieron pública la auditoria en 2011, obligados por la petición del Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana (SF-IV) ante la Inspección de Trabajo y porque creían que cualquier delito en el accidente del metro ya había prescrito.
